Empieza la vendetta. Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert reclaman condenas de más de 30 años de prisión para Penalva, Subirán y los cuatro agentes del grupo de Blanqueo de Policía Nacional por las presuntas ilegalidades en su investigación. El magnate y su mano derecha -recién absueltos de todos los cargos tras el juicio- imputan al exjuez, el exfiscal y los policías decenas de delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia, prevaricación, coacciones e inducción al falso testimonio. Les acusan de haber difundido a periodistas investigaciones secretas o reservadas para perjudicar a los sospechosos y no perseguir las «filtraciones», de intimidar a detenidos para que realizaran acusaciones «falsas», de manipular las declaraciones de testigos y de ocultar pruebas de descargo

El escrito de acusación, presentado el jueves ante el Tribunal Superior de Justicia, es también en nombre del exdirector de Tito’s, Jaime Lladó, y el expolicía y hombre de confianza del magnate Antonio Bergas. Estos dos últimos fueron detenidos, imputados y finalmente exculpados el primer día del juicio del caso Cursach

El documento sostiene que juez, fiscal y policías se concertaron para vulnerar derechos fundamentales de los investigados en la macrocausa. Por un lado, con «filtraciones interesadas» a periodistas de las actuaciones judiciales y policiales «manipuladas» que estaban bajo secreto -y sin que las defensas tuvieran acceso a ellas- o de acceso reservado. Además de imputarles algunas revelaciones a los acusados, también les acusa de no haber «perseguido» e «impedido» que los medios de comunicación publicaran estas noticias. El escrito enumera 37 informaciones periodísticas de Diario de Mallorca, Última Hora, El Mundo, Europa Press, la Agencia Efe, Ara Balears e IB3. La denuncia presentada en 2018 por Sbert algunas de estas publicaciones llevó al juez Miguel Florit, a petición de la Policía Nacional y con el visto bueno del fiscal Juan Carrau, a espiar a varios periodistas y requisar sus teléfonos móviles para averiguar sus fuentes. Florit acabó absuelto por ello de prevaricación, pero el Tribunal Constitucional acabó declarando ilegales aquellas maniobras.

Por otra parte, Cursach y Sbert aseguran que Penalva, Subirán y los cuatro policías «se coordinaron para intimidar a detenidos en el caso ORA». Cita a 11 personas que fueron arrestadas entre octubre de 2016 y enero de 2017 y a las que habrían amenazado con enviar a prisión para que declarasen contra el resto con «falsedades». En esta causa también sostienen que la detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón en esa investigación no estaba justificada y solo perseguía presionar al político y «generar un clima de terror». También aseguran que en estas pesquisas se acordó el ingresó en prisión provisional de dos acusados por no ceder a la exigencia de incriminar a Gijón. 

Sobre Sbert, añade el escrito que cuando fue detenido junto a Cursach en febrero de 2017 uno de los policías le dijo que debía «implicar a José María Rodríguez o iría a prisión «un mínimo de cinco meses». Además, relata diversos episodios de supuestas presiones y coacciones a testigos y acusados para que declarasen al dictado y de ocultar pruebas que rebatían algunas acusaciones.

Las imputaciones contra Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo se basan en gran medida en las conversaciones de los grupos de Whastapp, que fueron recuperadas tras las detenciones de los policías a finales de 2018 y en las que comentaban las gestiones que llevaban a cabo durante la investigación.

La petición de condena más alta por parte de Cursach y Sbert es para el exfiscal Subirán, con 37,5 años. Para Penalva reclaman 32,5 años de cárcel, mientras que los cuatro policías se enfrentan a penas de entre 30 y 33 años de reclusión. También solicitan la inhabilitación de todos ellos para cualquier empleo público y el pago 2,3 millones de euros en multas. El escrito reclama al TSJB la apertura de juicio oral contra los seis encausados.