El juicio acabó convertido en una suerte de terapia de grupo, con varios de los acusados ahora absueltos desfilando ante el tribunal para contar su sufrimiento. El turno para la última palabra derivó en un ejercicio catártico que emocionó al tribunal, con la presidenta Samantha Romero enjugándose las lágrimas en otro momento para la historia judicial de Balears. «Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos», dijo Bartolomé Sbert, que acabó su alocución fundiéndose en un abrazo con el jefe Cursach.
Sbert desveló que quiso quitarse la vida al verse inmerso en esta causa judicial, de la que ha acabado absuelto. «Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente», aseguró. El ex director general del Grupo Cursach se refirió al magnate con gratitud y destacó las consecuencias laborales, personales y económicas del proceso. «He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach. Creamos una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Nosotros no hemos hecho daño a nadie», aseguró. Sbert, que estuvo diez meses en prisión preventiva, arremetió con dureza contra Penalva y Subirán para luego deshacerse en elogios hacia el fiscal Herranz: «Su disertación final debería emitirse en los programas de Derecho».
El policía local Gabriel Torres deslizó que uno de los agentes que empezó a denunciar irregularidades quería quedarse con su plaza e implicó a «Subirán y un alto cargo del PSOE» en una venganza contra él por una queja de ruidos que presentaron tiempo atrás y con cuya atención no quedaron satisfechos. Como el resto de acusados que utilizaron su derecho a la última palabra, Torres dijo que tras su absolución vuelve «a creer en la justicia» tras «siete años y medio muy duros».
Los policías absueltos aprovecharon la ocasión para pedir «una revisión» de la condena de Rafael Puigrós, el agente que cumple una condena de tres años y cinco meses de cárcel, ratificada por el Tribunal Supremo, por delitos de coacciones, denuncia falsa y falso testimonio. La sentencia consideró probado que Puigrós y otro policía acosaron a su compañera Sonia Vivas, que luego acabó siendo concejal en el Ayuntamiento de Palma.
