La última acusación que se mantiene en pie reclama sendas condenas de dos años de cárcel para dos agentes de la Policía Local. El empresario del establecimiento Sa Trobada, situado en la calle Metge Josep Darder, imputa a Gabriel Mayol y Josep Mayans un delito continuado de coacciones por llevar a cabo inspecciones y actuaciones arbitrarias e injustificadas en el local y solicita una indemnización de 526.000 euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, esta acusación afirma que los dos policías llevaron a cabo estas intervenciones para conseguir el cierre del negocio «a cualquier coste». Afirma que levantaban actas que luego no entregaban y que acudían en horas de máxima afluencia, realizando «cacheos agresivos» y paralizando la actividad.
Esta situación se prolongó entre los años 2000 y 2005, cuando el establecimiento fue clausurado hasta el año 2012. Una sentencia revocó el cierre. Según la acusación, los dos agentes volvieron a entonces a realizar inspecciones injustificadas para perjudicar al empresario.
La acusación particular sostiene que estos hechos constituyen un delito continuado de coacciones y reclama dos años de prisión para cada uno de los agentes. Además, solicita una compensación de 226.000 euros por los gastos que afrontó el empresario durante el cierre del establecimiento y otros 300.000 euros por daños y perjuicios morales y materiales.
El abogado de los dos agentes, Gaspar Oliver, reclama la absolución de ambos y defenderá mañana su postura al presentar sus conclusiones definitivas.
