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Una fiscal que ejerce en Mallorca al rescate de 27 juezas y fiscalas afganas

Iria González participa en una misión internacional para que estas mujeres y sus familias sean evacuadas a España desde Pakistán, donde se ocultan de los talibanes

Afganos a su llegada a España en agosto de 2021 tras ser evacuados a consecuencia del asalto talibán. Reuters

Iria González, fiscal destinada en Mallorca desde hace una década, se embarcó hace más de un año en una misión de rescate de un grupo de juezas y fiscalas afganas exiliadas en Pakistán, a donde huyeron escapando de los talibanes cuando asaltaron el poder en agosto de 2021. Hace una semana el Gobierno español concedió el visado a estas 27 juristas —25 fiscalas y dos juezas— y a sus familias para desplazarse a España. En total unas 120 personas, de las que buena parte son menores. Un paso que hace prever un desenlace feliz, pero queda por concretar los detalles del viaje y el peligro no pasará mientras permanezcan en el radar de los talibanes. 

«Cambian constantemente de casa porque las localizan y les mandan mensajes amenazantes en los que les dicen que saben dónde están. Islamabad [capital de Pakistán] está a unos 50 kilómetros de la frontera con Afganistán y es completamente permeable, por lo que los talibanes entran y salen con total libertad», explica González. Estas mujeres acusaron y condenaron a muchos talibanes en el ejercicio de su profesión, y su deportación a Afganistán significaría para ellas una muerte segura. 

El día después de la caída de Kabul una asociación de abogados especializados en la defensa de los Derechos Humanos, 14 Lawyers, contactó con Magistrados Europeos por la Democracia y la Libertad (MEDEL) y con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que González es miembro. Tuvieron conocimiento de la desesperada situación de estas mujeres afganas y empezaron a trabajar para que fueran evacuadas a España en cumplimiento de la ley de asilo.

No pudieron embarcar en ninguno de los vuelos que trajeron a cientos de colaboradores afganos en los primeros días del asalto talibán, pero después de muchos meses de comunicaciones infructuosas con el Ministerio de Exteriores y con la embajada española en Islamabad, la reciente concesión de los visados ha significado un punto de inflexión. El último paso es resolver la financiación de los billetes. 

«En septiembre fuimos a Islamabad y hablé con cada una de ellas», recuerda González, que describe la crítica situación en la que se encuentran desde hace más de un año. «Tienen los visados caducados, lo que implica que no pueden trabajar, no tienen derecho a asistencia sanitaria ni al colegio para los niños. Son familias perseguidas, los talibanes van a por ellas porque durante todos estos años les han estado acusando y sentenciando. Sobre todo por terrorismo, pero también por drogas y por violencia doméstica. Afganistán tenía una ley de violencia de género desde 2009», relata esta fiscal. 

Este grupo de alrededor de 120 personas logró escapar a Islamabad por diferentes vías. Inicialmente eran 32 juezas y fiscalas, pero algunas de ellas han conseguido salir de Pakistán. Las que quedan allí, a la espera de que el Gobierno español materialice su traslado, acumulan miedo, incertidumbre y también culpa. «Se sienten muy culpables por la situación en la que han dejado a sus familias. Piensan que por haber querido ser juezas o fiscalas ahora sus familias corren peligro. Y te dicen que se tendrían que haber quedado en casa, como muchos les decían, en lugar de luchar por llegar a donde llegaron», lamenta González. 

Situación límite

La fiscal describe a sus compañeras afganas como mujeres «valientes y con mucho talento» a las que la situación les está pesando anímicamente. «Imagino que con la concesión de los visados habrán remontado un poco, pero cuando hablé con ellas en septiembre tenían la moral muy baja. Son personas que han luchado contra sus propias familias para estudiar y ser juezas y fiscales. Y después han tenido que convivir en un entorno hostil porque a menudo sus compañeros de trabajo no quieren que estén allí. De hecho, algunas han sufrido agresiones físicas o verbales», señala esta fiscal destinada en Mallorca.

Tanto González como los juristas que la han acompañado en esta misión internacional esperan que pronto se pongan a salvo en suelo español después de un proceso demasiado largo: «Occidente había vendido a estas mujeres la importancia de defender los derechos y la democracia, pero a la hora de la verdad las ha dejado allí». 

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