Once trabajadores de Emaya han aceptado hoy sendas condenas de seis meses de prisión y multas de 540 euros por aportar títulos falsificados de catalán en procesos internos de la empresa. Los procesados se han declarado en el juicio autores de un delito de falsedad en documento oficial tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y con Emaya, que ejerce la acusación particular en el proceso. Otro sospechoso, antiguo miembro del comité de empresa por parte del sindicato Comisiones Obreras niega cualquier implicación en el fraude y no ha aceptado el pacto, por lo que la vista oral se ha celebrado para dirimir su responsabilidad.
Los hechos reconocidos por los once trabajadores ocurrieron en el año 2018, cuando Emaya publicó las bases de un concurso de oposición de cinco plazas fijas de peón especialista en el departamento de redes. Entre los requisitos figuraba tener el nivel A2 de catalán. Seis de los empleados, que carecían de esta titulación, presentaron un certificado fraudulento que ellos mismo encargaron para conseguir los puestos ofrecidos.
La fiscalía y Emaya sostienen que en el fraude participó el sindicalista. Un empleado le habría enviado por WhatsApp dos falsificaciones y este acusado le aconsejó sobre cuál debía presentar y quién. Este sospechoso ha asegurado en el juicio que esos mensajes, aportados en la causa, no son suyos y se ha desvinculado completamente del fraude.
El resto de acusados se apuntaron, como han reconocido, en una bolsa de trabajo de oficiales de electricidad de segunda, también en la sección de aguas, unos meses después. Cuatro empleados entregaron certificaciones falsas de catalán y otro un documento que le acreditaba como técnico especialista en electricidad y electrónica también mendaz.
El caso fue detectado cuando la Fiscalía recibió varias denuncias y la Guardia Civil empezó a investigar. La dirección general de Política Lingüística examinó los documentos y confirmó que eran fraudulentos. "Eran falsificaciones muy burdas", ha asegurado hoy en el juicio uno de los investigadores del instituto armado.
La Fiscalía, que reclamaba inicialmente dos años de prisión y multas de entre 3.000 y 6.480 euros para los doce procesados ha rebajado su petición contra los once que han confesado. Para el sindicalista que niega su implicación mantiene los cargos.
