El denominado «caso móviles» fue la primera vez que la Policía, amparada por la fiscalía Anticorrupción y autorizada por un juez, decidió incautar los teléfonos móviles de dos periodistas que estaban informando del caso Cursach.

La Policía pretendía buscar las fuentes de información de los periodistas, sin respetar el derecho a la protección de las fuentes que ampara a los informadores. Los inspectores incautaron el teléfono del redactor de Diario de Mallorca, Kiko Mestre, y el de la periodista de la agencia Europa Press, Blanca Pou.

Esta polémica medida fue autorizada por el juez Florit, que se dejó convencer por los inspectores de Policía que le insistieron en que la incautación de los teléfonos era la única forma de descubrir una fuente que les podría haber filtrado un informe policial.

Sin embargo, el juez el mismo día que autorizaba esta medida, por la noche rectificó su decisión y ordenó a los dos inspectores de Policía que le devolvieran los aparatos telefónicos.

Esta medida, inédita no solo en España, sino incluso en Europa, motivó una gran indignación entre todos los medios de información nacional, sin excepción. Los periodistas salieron a la calle a protestar ante la evidente vulneración del derecho al secreto profesional que ampara a los periodistas, ya que no podían proteger a sus fuentes si la Policía incautaba los teléfonos móviles e inspecciona todas las llamadas que habían recibido, con el objetivo de buscar sus fuentes de información.

Los dos medios de comunicación para los que trabajan los dos periodistas que sufrieron esta drástica medida policial, denunciaron al juez Florit, que tuvo que sentarse en el banquillo. También acudieron ante el Tribunal Constitucional para denunciar que se había autorizado una medida del todo ilegal. El Constitucional amparó a los dos informadores y determinó que la medida que habían sufrido era del todo ilegal y vulneraba sus derechos fundamentales.