La Fiscalía desiste del caso Cursach. La acusación pública anunció ayer que retirará todos los cargos contra los 16 acusados al no encontrar a estas alturas del juicio ninguna evidencia contra ellos. «Entendemos que no hay prueba de cargo suficiente para sostener nuestro escrito de acusación», anunció el fiscal Tomás Herranz tras declarar el último de los 107 testigos propuestos por las acusaciones. La espantada deja todo el peso del juicio en manos de los tres empresarios personados como acusación particular, que podrían anunciar en próximas sesiones también recortes en sus imputaciones o incluso el abandono del caso. El anuncio de la Fiscalía, que cayó como una bomba atómica pese a que se barruntaba desde hace días, deja ya a siete de los procesados -todos policías- absueltos de facto al no pesar sobre ellos ninguna petición de condena.
En otro movimiento insólito en la macrocausa de corrupción más convulsa de la historia reciente de Baleares, los fiscales movieron ficha en pleno juicio. Con todos los testimonios a priori incriminatorios sobre la mesa del tribunal, anticiparon que no ven ni un solo delito en la causa. «El ministerio fiscal quiere anunciar que según su entendimiento no hay prueba de cargo para sostener ninguno de los hechos de acusación contra ninguno de los acusados y en el momento procesal oportuno retiraremos la acusación contra todos ellos», anunció el fiscal Tomás Herranz al concluir la sesión de ayer, convirtiendo en papel mojado todo su escrito de acusación. Según dijo, adelantó su postura para poder reorganizar el calendario y acortar plazos, ya que las defensas pueden renunciar así a muchos de sus testigos de descargo. El tribunal tenía previsto concluir el juicio el próximo 15 de febrero, pero este giro adelantará el final.
Que los fiscales iban a desistir en mayor o menor medida había quedado claro atendiendo a la postura que adoptaron en los interrogatorios de los testigos citados para que aportaran pruebas. Durante esta fase del juicio, han sido constantes las preguntas de Carrau y Herranz para poner en duda sus versiones, quitar hierro a sus incriminaciones o servirles en bandeja los desmentidos de sus acusaciones iniciales, con Penalva y Subirán como comodín para decir en el juicio lo contrario de lo que constaba en sus declaraciones en instrucción. Otros testigos han presentado una abrumadora amnesia sobre episodios clave del procedimiento, permitiendo así que muchas de las imputaciones cayeran por su propio peso.
Si en vísperas del juicio mutiló su escrito de acusación y provocó la absolución directa de seis acusados, la Fiscalía acabó ayer de triturarlo. Dejó malherido el caso Cursach, echando todo el peso en los hombros de los empresarios de Palma y Magaluf que ejercen la acusación particular, cuyo papel estaba ya muy limitado aunque reclaman elevadas penas de prisión, de más de 30 años en algunos casos, para Cursach, Sbert y los policías implicados e indemnizaciones millonarias.
La primera consecuencia del cambio de postura de los fiscales es la absolución de facto de siete de los encausados, huérfanos ya de cualquier imputación porque solo estaban acusados por la Fiscalía. Uno de ellos es Joan Miquel Mut, ex jefe de la Policía Local de Palma, para quien reclamaba 12 años de inhabilitación por prevaricación. Dos policías le acusaron en el juicio de presionarles para modificar un acta contra un local de Cursach para beneficiar al magnate en presencia de Sbert, pero los fiscales consideraron sus testimonios «inanes» y basados en conjeturas. También exculpados quedarán Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Nicanor Góngora, Tomás Mas, Daniel Montesinos y Rafael Estarellas, para quienes la Fiscalía reclamaba hasta seis años y medio de prisión. Varios testigos han denunciado maniobras e irregularidades suyas para beneficiar a Cursach y otros empresarios de Platja de Palma. También insuficientes, a juicio de Carrau y Herranz.
La lista de beneficiados podría aumentar en los próximos días. La espantada de los fiscales ha llevado a las acusaciones particulares a replantearse su postura y alguna estudia recortar sus imputaciones e incluso abandonar definitivamente el proceso judicial. De momento, los antiguos propietarios de la discoteca Level del Paseo Marítimo piden condenas para Cursach, Sbert y siete agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. El ex propietario de Sa Trobada, un negocio situado en la calle Metge Josep Darder que denunció acoso policial también pide penas de cárcel para Cursach, Sbert y seis policías. Por su parte, el empresario de Magaluf José Manuel Bover mantiene peticiones de 39 años de cárcel para el magnate y su mano derecha y 13 años de inhabilitación para un funcionario del ayuntamiento de Calvià al que acusa de prevaricación.
El tribunal, después de que la Fiscalía anunciara antes de tiempo su deserción, indicó que no les obligará ahora a pronunciarse sobre sus imputaciones. Quedan todavía los testigos propuestos por las defensas, pero los abogados de los acusados empezaron a recortar ayer mismo su listado porque no necesitan ya sus declaraciones para lograr el objetivo de la absolución.
En la sesión de ayer, centrada en el enfrentamiento de la plaza de las Pitiüses de Magaluf, dos funcionarios del ayuntamiento de Calvià confirmaron que las vallas que instaló el Grupo Cursach no tenían licencia y que, pese a los informes que así lo decían no se actuó hasta nueve meses después, aunque negaron que hubiera trato de favor hacia el magnate. Estas vallas, según la acusación de Bover, tenían como objetivo impedir que los turistas pudieran llegar a sus negocios. Uno de los testigos puntualizó que la tramitación en el Ayuntamiento se retrasaba porque Cursch y Bover acumulaban una gran cantidad de denuncias cruzadas. Ambos desvincularon al entonces director general de Turismo de Calvià, Jaime Nadal, de cualquier trato de favor hacia los negocios de Cursach y uno de ellos afirmó que Penalva y Subirán le presionaron durante la instrucción del caso.
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
