El vicepresidente del Govern balear y destacado político del partido Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha criticado esta tarde las palabras de la ministra Irene Montero, que acusó de machistas a los jueces que están revisando las sentencias de agresores sexuales, en aplicación de la nueva ley del 'solo sí es sí'. Para el juez en excedencia, que en breve retornará a la carrera judicial, las palabras de su compañera de partida representan un “exceso verbal” y señaló que no es una actuación de “jueces machistas, sino de jueces profesionales”.
Yllanes intervino en la inauguración del congreso de la asociación judicial Francisco de Vitoria, de la que él forma parte, que se inauguró tarde en un hotel de Palma. En este congreso participan unos 300 jueces integrados en esta asociación, que es la segunda más importante. En la inauguración ha intervenido el actual presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín. También han acudido el presidente del TSJB, Carlos Gómez y el fiscal superior, Bartomeu Barceló.
El vicepresidente del Govern, como experto juez dedicado al área penal, recordó que la revisión de los casos ya sentenciados, no solo es una labor habitual, sino incluso obligatoria. Recordó que los jueces tienen la obligación de aplicar las nuevas leyes y si alguna de ellas beneficia a algún preso ya condenado, no tienen más remedio que reconocerles este beneficio. En este caso representa que algunos condenados por agresión sexual estén quedando en libertad porque los delitos por los que fueron sentenciados se castigan ahora con penas más leves gracias a la nueva ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad.
Para el vicepresidente del Govern, para terminar con esta polémica, lo más adecuado es que el Tribunal Supremo, cuanto antes, fije un criterio único sobre si hay que excarcelar, o no, a estas personas condenadas por delitos contra la libertad sexual. También señaló que debido a que la ley no es del todo clara, como muestra las diferentes interpretaciones que están realizando los jueces, lo más lógico es que se presente una reforma legislativa.
Recordó que en el código penal que se aprobó en el año 1995 ya se presentaron dos revisiones legislativas, por lo que considera que se trata de un mecanismo habitual ante las diferentes opiniones jurídicas que se pueden dar al interpretar una ley.
Yllanes fue muy tajante al negar que los jueces que están dejando en libertad a estos condenados, al interpretar que la nueva ley les beneficia, tengan ideas machistas. Y en este sentido recordó que con toda seguridad los tribunales que están acordando estas puestas en libertad también están compuestas por mujeres.
El portavoz nacional de la asociación judicial que celebra este congreso en Palma, Francisco Fernández Vaquero, también se mostró muy crítico ante las calificaciones manifestadas por la ministra, al calificar de machistas a los jueces que están revisando estos casos de condenas por agresión sexual. Si bien dijo que entendía la crítica a las decisiones judiciales, el portavoz consideró que existen límites «que no se pueden cruzar», ya que el efecto que producen es poner en duda el funcionamiento de las instituciones.
El magistrado abogó por apartar de la polémica política la labor de los jueces, porque sobre todo en este caso lo que han hecho es limitarse a cumplir la ley. Recordó que la asociación de la que forma parte ya elaboró un documento técnico, en el que se advertía que podría existir una revisión de las condenas si se establecían las penas que se fijaron en la nueva ley sobre el consentimiento sexual. Y recordó también que la ley es clara y obliga a los jueces aplicar una norma cuando ocasiona unos beneficios a unos determinados presos ya condenados.
El portavoz en Balears de esta asociación Francisco de Vitoria, el juez Jaime Tártalo, anunció que en breve los magistrados de la Audiencia se reunirán para fijar un criterio sobre la aplicación de esta nueva ley.
El presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, no habló en su intervención de la polémica que ha suscitado las graves acusaciones vertidas por la ministra Montero. Sin embargo, aprovechó el acto público para criticar la falta de entendimiento político a la hora de elegir la renovación de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial. Cuestionó que a los jueces tengan que llevar la etiqueta de conservadores o progresistas en función del partido que les elige, cuando en la práctica este pensamiento políticos que se les atribuye no tiene influencia cuando adoptan una decisión profesional. Por ello, el magistrado del Supremo cuestionó que muchos políticos no sabían distinguir entre la libertad judicial y la libertad ideológica.
