Eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya. Llega a Palma para participar en las jornadas Cap a una estratègia europea insular organizadas por la Fundació Darder Mascaró y European Free Alliance. Reivindica la Mesa de Diálogo y asegura que no renuncian a la autodeterminación en un referéndum pactado con el Estado.
P. El Gobierno ha anunciado la supresión del delito de sedición. ¿Cómo lo valora?
R. Convocar un referéndum no es un delito y, por tanto, lo que pasó en 2017 en Cataluña no entra dentro del Código Penal: ni organizar el referéndum ni movilizarse para defender el derecho a votar. No deberían ser delitos en ninguna democracia. La desaparición del delito de sedición y la reconversión en desórdenes públicos agravados es un paso hacia la desjudicialización, pero no debemos olvidar que existe un problema político no resuelto. Hay una negociación con la Mesa de Diálogo, que parte del reconocimiento de la naturaleza política de este conflicto, y se deben tomar decisiones como sacar figuras anacrónicas que no existen en ninguna otra democracia europea. La sedición ha sido la excusa para tener a nuestros líderes unos años en la prisión con condenas de hasta 13 años, absolutamente fuera de lugar. A parte de esto habrá que hacer otras cosas. Queremos votar y ejercer nuestro derecho a la autodeterminación con un referéndum acordado. El conflicto político es mucho más profundo y se deberán tomar decisiones que no afecten solo al ámbito jurídico, sino también al político. Este avance es resultado de la Mesa de Diálogo y de la apuesta de ERC de abordar el problema desde la política.
P. ¿Cambiarán las relaciones con el Gobierno?
R. Es importante ir viendo concreciones y resultados de esta negociación. ERC ha invertido muchísimo en esta Mesa de Diálogo. Para que siga avanzando, debe haber resultados. Estas decisiones avalan la necesidad de seguir con el diálogo y la refuerzan para seguir funcionando.
P. ¿Les preocupa que haya un cambio de Gobierno?
R. Lo que nos ocupa es que nuestra propuesta política sea lo más fuerte y decisiva posible. Que los diputados de ERC sean clave para formar mayorías y sostener un gobierno es positivo. Entendemos que en otro escenario, con un gobierno de la derecha con la extrema derecha, todo esto sería mucho más complicado. Conocemos muy bien cómo son: anticatalanistas, ultras y nacionalistas españoles en el peor sentido. Este escenario no nos haría ninguna gracia.
P. Ha venido para presentar el informe 'Impacto de las políticas de la UE sobre las islas mediterráneas. Especial referencia a las Illes Balears'. ¿Cuáles son las conclusiones?
R. Encargamos el estudio al profesor de la UIB Joan David Janer para evaluar el impacto de las políticas de la Unión Europea en las islas y si tiene en cuenta a regiones como Balears a la hora de legislar. Porque la insularidad es un factor diferencial. La conclusión es que, pese a que el Tratado de Lisboa de 2009 sí que recoge esa necesidad, en la práctica no se tienen en cuenta a la hora de ejecutar las políticas.
P. Debería haber un cambio.
R. Exacto. La propuesta es que se establezca una estrategia europea de islas para hacer frente a la insularidad, y este estudio propone que se reconozca la insularidad porque las islas que no son ultraperiféricas tengan un reconocimiento sobre los handicaps.
P. En Balears se ha abierto el debate sobre la posibilidad de limitar la compraventa de viviendas a no residentes. ¿Dentro de la UE es posible?
R. Algunos países, antes de acceder a la UE, han introducido excepciones en sus tratados de adhesión. En las islas Aland, que pertenecen a Finlandia, tienen un régimen específico para limitar la compraventa de viviendas a no residentes. En Dinamarca o Malta también existen.
P. Entiendo que, si se quisiera hacer ahora, debería reclamarlo España.
R. Es una problemática de primer orden. Deberían pedirlo en función del interés general. No puede ser que las personas que han nacido y viven aquí no puedan seguir haciéndolo, que la población autóctona se sienta expulsada. Si el interés general se puede definir muy bien, teniendo en cuenta determinada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y se puede explicar por qué la situación actual requiere una actuación, creo que se puede explorar la forma de hacerlo. Aunque no es fácil encajarlo porque estamos hablando de criterios muy ligados a libertades fundamentales. Córcega llega muchos años intentándolo pero de momento no ha podido porque el Estado francés no ha querido asumir esta reivindicación. Pero como mínimo se debe intentar.
P. Desde ERC critican la «utilización partidista» de la Comisión de Peticiones de la UE en casos como el de las menores tuteladas en Balears. ¿En qué sentido?
R. No lo decimos solo nosotros, sino portavoces de hasta cuatro grupos políticos de la Eurocámara. Sorprendentemente el número de peticiones y misiones que están relacionadas con el Estado español es desproporcionada. Ahora enviarán una delegación para el catalán en las escuelas de Cataluña. Esta comisión debería tratar las peticiones, no en función de la agenda política de los diputados concretos, sino de criterios objetivos.
