La limitación al precio del alquiler en Baleares tendrá que esperar a una ley de Vivienda que sigue enrocada en el Congreso. El PSOE une sus votos a los del PP para vetar las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 presentadas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu en materia de vivienda. El socio minoritario de Gobierno ha denunciado el veto «a puerta cerrada» de estas iniciativas, que buscaban introducir en las próximas cuentas algunas de las principales medidas incluidas en la ley de vivienda, cuya tramitación está congelada en el Congreso. Las enmiendas, de esta forma, no llegarán ni siquiera a debatirse en el Congreso de los Diputados.
Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos critican que «PSOE y PP se han aliado para tumbar, a puerta cerrada, las enmiendas relativas a la regulación de los precios de los alquileres y a la prohibición de los desahucios de forma estructural». En total, se han tumbado tres de las cuatro enmiendas presentadas por ERC, Bildu y Unidas Podemos, aunque sí se debatirá la enmienda relativa a incentivos fiscales en materia de arrendamiento de viviendas.
El pasado jueves Unidas Podemos ya denunció el intento de los socialistas de tumbar estas iniciativas en la Mesa de la Comisión y «sin que el Congreso se exprese democráticamente». Sin embargo, los morados aseguran que lograron posponer el episodio y que fue la presidenta de la comisión, Pilar Garrido, única diputada de Unidas Podemos en el órgano, quien intervino la semana pasada para aplazar la decisión definitiva, que ha acabado tomando este martes. Entre las propuestas, los partidos exigían la regulación integral de los precios de los alquileres de todas las viviendas en las zonas tensionadas mediante la intervención en el mercado y como único mecanismo eficaz para condenar la subidas abusivas.
Además, los grupos parlamentarios solicitaban prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y cumplir así con los compromisos internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, pedían imponer una serie de obligaciones sociales para «corresponsabilizar» a los grandes tenedores de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda, entre las que se encontraba el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.
Baleares aprobó en septiembre proponer al Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir que las Comunidades Autónomas puedan limitar el precio del alquiler de viviendas en las zonas con alta presión sobre el mercado. El Parlament balear sacó adelante una proposición de ley de modificación de la LAU que plantea añadir en su artículo 17 un punto en el que se faculta a las administraciones regionales a «establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler de viviendas en aquellas zonas con un mercado de vivienda tensionado».
Las islas, muy necesitadas
La coordinadora general de Podemos y diputada estatal, Antònia Jover, denuncia que «en Balears vivimos un drama que atenta contra el derecho constitucional a una vivienda digna» y asevera que «hay que revertir esta situación, especialmente delicada en las islas, y que debe ser solucionada lo antes posible».
«Creo que la ciudadanía no va a entender que el bipartidismo se alíe, otra vez en un oscuro despacho, para defender los intereses de bancos, fondos buitre y patronales inmobiliarias. Estamos cansadas de que al final el PSOE le haga mas caso a las patronales inmobiliarias que a la ciudadanía de su país que no puede pagarse una vivienda digna», añade.
En este mismo sentido, el senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, lleva meses denunciando que la ley de Vivienda está «bloqueada» y también reclama la regulación de los precios del alquiler, la alternativa habitacional para colectivos vulnerables en riesgo de desahucio y la limitación de la compra de inmuebles a no residentes, entre otras medidas, para hacer efectivo el derecho a la vivienda y poner coto a la crisis habitacional.
Solo queda una oportunidad
Balears queda pendiente de la nueva ley de Vivienda para conseguir su objetivo: el Govern tiene la «pretensión» de que toda Balears sea declarada zona tensionada por el Gobierno central para que pueda establecerse un control en el precio de los alquileres en el archipiélago. La Ley estatal por el derecho a la vivienda aprobada en febrero por el Consejo de Ministros, que lleva varios meses de trámites para entrar en vigor y con prórrogas constantes, da competencias a las comunidades autónomas para elaborar un mapa de las zonas en las que la población tiene más problemas para pagar la renta y estimular algún tipo de control en los precios.
«Hay que profundizar en el texto de la ley, que establece una serie de criterios para determinar qué es una zona tensionada. Toda Balears tendría que serlo, pero no sé si se cumplirán todos los criterios y, en tal caso, tampoco sabemos si esas zonas se determinarían por islas o distritos. Pienso en Palma y su zona periférica, o Eivissa, donde hay mucha presión para alquilar. Pero la pretensión es que toda Balears sea zona tensionada», valoraba el conseller de Vivienda y Movilidad del Govern, Josep Marí.
El texto de la normativa considera zona tensionada aquella en la que los gastos del alquiler superen el 30% de los ingresos medios de los hogares. El segundo requisito es que de los arrendamientos se hayan incrementado un 5% por encima del IPC de esa comunidad autónoma en los últimos cinco años.
En esas áreas se ofrecerá a los propietarios de pisos incentivos fiscales si congelan o rebajan el precio del alquiler a sus inquilinos —hay previstas bonificaciones de hasta el 90% en el IRPF para caseros que bajen más de un 5% la renta—. En el caso de que el propietario sea un gran tenedor (quien tenga más de diez viviendas en esa zona tensionada), sí se le impondrá un tope de precio que todavía está por decidir.
«Hablamos de que los particulares tendrán incentivos fiscales muy importantes para alquilar», defiende Marí. «Profundizaremos en el texto, que coincide en muchas cosas con la ley balear. Hay que recordar que en 2018 el Govern balear ya aprobó una ley de vivienda valiente y atrevida. Siempre hemos pedido que se pudieran regular los precios de los alquileres en zonas que por ejemplo sufren una presión del sector turístico. Y eso lo vemos confirmado con esta ley», añadió.
