Francisco Tomás Fernández Cortés, ‘El Ico’, insistió este viernes en el juicio del caso Cursach en que pagó sobornos a policías y otros funcionarios por las irregularidades de su discoteca en Gomila. El hijo de ‘La Paca’, testigo protegido durante la instrucción de la causa y cuyas graves acusaciones sustentaron entonces el encarcelamiento de varios acusados, afirmó en la vista oral que sufrió un «acoso terrible» , habló en la vista de «mordiditas» para poder incumplir el aforo y de un pago bajo cuerda en Cort de «5.000 euros» para reabrir el negocio tras ser clausurado por exceso de ruidos. Aunque cometió imprecisiones y errores en sus identificaciones y admitió que se confunde «con los apellidos», acabó señalando con su palabra como única prueba a tres policías encausados: Carlos Tomás, Nicanor Góngora y Carlos Vallecillo.

‘El Ico’, imputado ahora por falso testimonio por mentir en sus declaraciones durante la instrucción, compareció a través de videoconferencia desde una prisión de la península donde cumple condena. La Fiscalía no acusa a nadie de pagar sobornos a ‘El Ico’ en su discoteca Cavalli, en Gomila, cuyo local era propiedad de un policía. Solo considera delictivo el cierre exprés del negocio en pleno fin de semana tras una sospechosa medición de ruidos por parte de la Patrulla Verde para que el agente pudiera recuperarlo ante el éxito de público que tenía. Y ahí centró su interrogatorio el fiscal tras una promesa de ‘El Ico’: «Juro por mis muertos que diré la verdad».

El testigo se presentó como víctima de una estafa, ya que le alquilaron el local pese a que sobre él pesaba ya un decreto de cierre del que no supo nada hasta «mucho después». Contó que la Patrulla Verde amenazó a un vecino suyo para dejarle instalar un sonómetro, tras lo que clausuraron el negocio, muy exitoso según su versión: «Tenía cola. Facturaba 7.000 euros los viernes y 7.000 euros los sábados». Explicó que acudió a Cort junto a uno de los copropietarios del local para pagar «5.000 euros al que daba las licencias». Aunque identificó primero al ex jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, como la persona a la que entregó el dinero, luego admitió no estar seguro. «No sé si me dieron la licencia, pero me quitaron el precinto y dijeron que ya podía abrir», afirmó.

No hizo reformas

‘El Ico’ reconoció que el local precisaba obras para subsanar los problemas con el ruido y que no se hizo reforma alguna. «Al pagar los 5.000 euros, ya no hacía falta». 

«¿Sabe que seguía incumpliendo la normativa de ruido?», preguntó uno de los abogados defensores. «Yo lo único que he hecho en mi vida es vender droga. No lo sé, a veces tengo amnesia y a veces, no», replicó ‘El Ico’.

El testigo empezó a hablar de los sobornos a policías cuando la abogada del agente Carlos Tomás le preguntó si lo conocía. «Era uno de los que venía a la discoteca a poner controles en la puerta y a pegar mordiditas de los aforos...», aseguró. El tribunal quiso saber más y ‘El Ico’ afirmó que pagaba sobornos para incumplir los límites de aforo. «Si entraban 100 personas más eran para los municipales. Venían a contar las personas y si metía 100 personas más eran para ellos, para pagarles a ellos. Se llevaban dinero. Solía venir mucho Nicanor. Y creo que Vallecillo también», dijo. Finalmente, negó haber recibido indicaciones de Penalva, Subirán o el grupo de Blanqueo sobre a qué policías debía acusar en sus declaraciones en instrucción.

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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.

Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.

"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.

"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.

Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.

Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.

Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.

La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.

También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.

"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".

Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.

Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".

El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".

Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".

"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.

Concluye Oliver.

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