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Citan como investigados a dos cargos del Govern por presunta prevaricación en el Puerto de Palma

El juez reabre el caso por orden de la Audiencia de Palma y llama a declarar a Teresa Ralea y Antoni Morro

Antoni Morro. DM

El juzgado de instrucción número 1 de Palma ha citado a declarar como imputados a dos cargos del Govern balear en el marco de una investigación para esclarecer si hubo prevaricación y falsificación de documentos públicos en el archivo de una serie de expedientes abiertos contra varias empresas que trabajan en el Puerto de Palma.

El juzgado ha citado a declarar en calidad de investigados a la directora de los servicios jurídicos de la conselleria de Transición Energética y Servicios Productivos, Teresa Ralea, y al director general de Política Industrial, Antoni Morro. Ambos comparecerán en sede judicial el próximo 30 de noviembre.

El magistrado ha reabierto la causa que había archivado hace casi dos años por orden de la Audiencia Provincial de Palma, que ha estimado el recurso de apelación interpuesto contra el citado archivo.

El denunciante, un empresario del sector náutico, inició una batalla legal en 2018 en la que acusaba a diversas empresas de malas prácticas en el mantenimiento de los barcos en los Servicios Técnicos Portuarios (STP) del Moll Vell de Palma.

Partículas contaminantes

El empresario asegura que durante esas tareas escapaban partículas contaminantes y disolventes que terminan en la atmósfera o en el mar porque algunas compañías no usaban sistemas de extracción apropiados.

Después de presentar decenas de escritos de denuncia ante las diferentes administraciones públicas y el SEPRONA de la Guardia Civil, inició una batalla legal con el convencimiento de que el Govern había archivado expedientes sancionadores contra diversas empresas abiertos por daños contra el Medio Ambiente. Según el empresario denunciante, los dos investigados habrían autorizado esos archivos sin justificarlos debidamente.

En agosto de 2020 el denunciante presentó una querella, y en noviembre del mismo año el juzgado de instrucción número 1 dictó auto de inadmisión y el sobreseimiento de las actuaciones. Sin embargo, el empresario recurrió el archivo y el pasado 2 de septiembre la Audiencia de Palma ordenó reabrir las actuaciones «con el objeto de determinar la naturaleza de los hechos».

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