La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterado su apoyo a la sanción de 6,8 millones de euros a 114 jóvenes de Mallorca por una fiesta ilegal en Son Vida en plena pandemia: "Es un régimen sancionador garantista, tenemos que proteger a la gente en un caso de salud pública". Además, ha explicado que el decreto ley validado por el Parlament en julio se ratificó cada 15 días por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB): "Claro que la defendemos porque es una norma que hicimos para proteger a la población y funcionó".
Desde Vox, su portavoz en el Parlament, Jorge Campos, ha acusado a la socialista de "pisotear" los derechos de los ciudadanos con una normativa "que poco tenía que ver con la salud y mucho con el autoritarismo" y ha asegurado que la presidenta no tiene "autoridad" para exigir una multa de casi 7 millones de euros "cuando usted se salta la normativa", en relación a la polémica del Hat Bar
Armengol ha reclamado a Vox que "dejen de mentir" y ha puesto en duda su interés por este tema: "Solo se preocupan cuando hay sanciones a personas concretas, de una fiesta concreta de Son Vida, y me piden mano dura contra los inmigrantes, incluso por encima de la ley. De todas las otras sanciones no les he visto abrir la boca". Asimismo, ha pedido a Vox si "están diciendo a los funcionarios públicos que no apliquen una normativa aprobada por el Parlament".
Una fiesta ilegal celebrada en un chalet de Son Vida en plena alerta sanitaria por la Covid se saldó con una propuesta de sanción de 60.000 euros para cada uno de los 114 participantes que fueron identificados. Estas cuantías estaban contempladas en un decreto ley aprobado por el Govern balear en julio de 2020 que incluía multas de entre cien euros para las infracciones leves y 600.000 euros para las más graves por incumplir las restricciones en materia de reuniones sociales y aforos. En total, el importe de las sanciones suman algo más de 6,8 millones de euros.
