Una funcionaria del Ayuntamiento de Palma ha relatado, este lunes durante el juicio por el caso Cursach en la Audiencia Provincial de Baleares, diferentes anomalías durante inspecciones a locales propiedad del empresario Bartolomé Cursach, pero ha negado que se les diera facilidades desde Cort para solucionarlas. "No había orientaciones diferentes, a todo el mundo se le da ayuda por igual".
Ante preguntas del Ministerio Fiscal y los letrados de la defensa, la testigo ha relatado diferentes inspecciones que realizó en locales como Megapark, Tito's o Pachá. La mayoría, según ha añadido, venían por orden del Juzgado de Instrucción número 12, que fue el encargado de la instrucción judicial del caso Cursach. A la funcionaria le llegaban, no obstante, por comunicación del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.
En su interrogatorio, ha subrayado que colaboró con el Grupo de Blanqueo en la redacción de informes sobre los locales que le pedían, pero no compartió las conclusiones de los mismos. Igualmente, la funcionaria ha negado que hubiese "favoritismo" en departamentos del Ayuntamiento de Palma respecto a locales del Grupo Cursach ya que tramitaba expedientes sancionadores.
Ante preguntas del fiscal Juan Carrau, la testigo ha explicado que, en 2017, el Megapark no tenía título para ejercer la actividad ya que en una inspección se dio cuenta de que la normativa de la Playa de Palma le otorgaba la calificación de zona turística hotelera. Además, ha indicado irregularidades en la tramitación de unas obras.
Ante preguntas de los letrados de la defensa, la funcionaria ha señalado que desde Blanqueo la querían a ella en las inspecciones de los locales. "Primero fuimos a Pachá y lo revisamos. Luego miramos el expediente y vimos un montón de anomalías e hicimos un informe", ha afirmado.
Posteriormente, fueron a Tito's, donde la funcionaria ha confesado que había cosas "que no cumplían la normativa", algo que derivó en una medida provisionalísima para su cierre.
Preguntada sobre su relación de amistad con el juez Manuel Penalva o el fiscal Miguel Ángel Subirán, la testigo ha indicado que es amiga de la infancia de la pareja del magistrado, pero ha negado que determinara su trabajo elaborando los informes o en las inspecciones de locales. Así mismo, ha reconocido que estuvo en cenas con los inspectores de la Policía Nacional, aunque ha rechazado que hablasen del caso. "Leía los periódicos", ha añadido.
Declaración guiada por Subirán
Previamente a la funcionaria, otro policía local más se ha desdicho de su declaración durante la fase de instrucción judicial ante el fiscal Miguel Ángel Subirán y ha aseverado que "jamás" recibió ninguna queja por alguna inspección "injusta o arbitraria".
Durante el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ya son varios los policías locales de Palma que han negado sus palabras ante Subirán y la han justificado por el temor a ingresar en prisión. La declaración de hoy del primer testigo, de los cinco que hay citados, ha ido en este sentido.
Nada más comenzar y después de que el Ministerio Fiscal haya advertido una contradicción al preguntarle por supuestos preavisos a locales en la Playa de Palma, el testigo ha interrumpido su declaración para matizar que en esa ocasión estaba "bajo un estado de pánico".
"Mi declaración fue condicionada bajo el temor de que pudiera ingresar en prisión. Muchas respuestas eran sugeridas por el fiscal", ha afirmado, para después advertir que como profesional "jamás podría consentir" que compañeros de servicio estuviesen de fiesta: "Eso era imposible. Mi declaración no responde a la realidad".
Además ha precisado que la orden de avisar antes de dirigirse a la Playa de Palma era superior, no procedía del subinspector Bartolomé Capó, actualmente sentado en el banquillo de acusados para quien la Fiscalía solicita un año y tres meses de cárcel.
Con todo, ha subrayado que el cierre del local El Cavalli, propiedad de 'El Ico', vino por las irregularidades detectadas en la sonometría que realizaron, así como por las múltiples denuncias que acumulaba de los vecinos.
El policía local ha negado algún delito por parte de sus compañeros de la Patrulla Verde. "Si hubiese visto alguna actividad delictiva, se habría detectado", ha afirmado, mientras ha detallado que las campañas del Ayuntamiento sobre algunas zonas de ocio como La Lonja o el Paseo Marítimo implica "mayor presencia" policial.
En directo
Última actualización 14:09
Muchas gracias por su atención. Siga toda la actualidad en www.diariodemallorca.es
"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
