Un agente del Grup d’Actuació Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma explicó este jueves que al menos una decena de denuncias contra negocios de Cursach en la Playa de Palma fueron manipuladas en el cuartel en el verano de 2014. Según contó en el juicio, algunas de las pruebas desaparecían y «se archivaba el expediente». «Solo pasaba con Cursach y Pascual», dijo en relación al propietario de Pabisa, el otra gran empresario del ocio nocturno de la zona, pendiente de juicio por este supuesto trato de favor. También contó que el GAP realizaba labores de seguridad encubierta para algunos negocios, calificando de «servilismo» estas intervenciones. 

El policía detalló que solían denunciar a tiqueteros en s’Arenal, muchos de ellos de Cursach y Pascual. «Yo hacía una denuncia y a los pocos días me la devolvían y se archivaba el expediente» porque habían «desaparecido los elementos de publicidad» por los que se había levantado el acta, sin los que «no se podía tramitar». «Pasó bastantes veces con Cursach, más de diez», dijo. Ante esta situación, el agente empezó a hacer fotocopias de las denuncias para poder volver a presentarlas. «Un día, bajo una pila de papeles en la mesa de Carlos Tomás me encontré una pila de actas» sin tramitar, añadió. Precisó que eran unas dependencias comunes, por lo que «cualquier policía» podía manipularla y apuntó al «descontrol» existente en la tramitación de estas actas. El testigo añadió que el número de denuncias contra negocios de Cursach era muy superior al de expedientes que finalmente se tramitaban. También narró que en una ocasión Carlos Tomás y el también acusado Tomás Mas le preguntaron «por qué tenía tanto interés» en denunciar a tiqueteros, y ratificó varias veces que esa labor entraba dentro de sus competencias.

"Hacía una denuncia y me la devolvían porque habían desaparecido elementos. Con Cursach pasó más de diez veces"

El policía, denunció también el «servilismo» del GAP hacia locales como el Bierkonig, cuyos encargados llamaban directamente al móvil del acusado Carlos Tomás, jefe de la unidad «cuando tenían un problema, como la presencia de carteristas» en lugar de contactar con el 092 o el 112. «No pasaba con ningún otro local», afirmó. 

Otro antiguo miembro del GAP contó que fue expedientado «por desconsideración grave» a sus superiores tras redactar y leer durante una reunión de la unidad un documento en el que denunciaba supuestas irregularidades de Carlos Tomás. Este testigo apuntó al propio Tomás y al entonces jefe del cuerpo, Joan Miquel Mut, acusado de prevaricación por ese episodio. Este policía explicó que grabó una conversación con Mut sobre el expediente al considerar que podía ser «una prueba» para su defensa y llevó la grabación al juzgado. 

Más acusaciones a Subirán

Durante la sesión del jueves comparecieron otros dos agentes de la Policía Local que coincidieron en acusar al ex fiscal Subirán de «guiar» y «dar literatura» a sus declaraciones judiciales durante la instrucción. Santiago Adrover, pendiente de juicio por el presunto amaño de las oposiciones en el cuerpo, dijo entonces que el GAP había pasado «a servir a un grupo de intereses políticos y policiales». Ayer se desdijo. «Ahora no lo veo así. Esa declaración la hice siguiendo la guía que marcó el fiscal», aseguró. Detalló que entonces «tenía miedo a entrar en prisión» y aseguró que durante su paso por la unidad no vio «nada que no fuera normal».

El otro policía, sin que nadie le preguntara al respecto, quiso «hacer constar» que el fiscal Subirán «estaba muy obsesionado» con uno de sus compañeros acusados. «Cogía la última frase de la declaración y le daba literatura», afirmó. «Fue una situación de terror. El fiscal me decía que ya matizaría en el día del juicio. Es una realidad sesgada, un tinglado», aseveró sobre su propia declaración en instrucción.

Este testigo fue interrogado también sobre las presuntas presiones del jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, y Mut por un acta contra un local de Cursach. «No se habló de cambiar las actas. Entendía que cuestionasen la intervención, era un tema complejo, con varias resoluciones judiciales y decretos de alcaldía», afirmó, negando haberse sentido coaccionado por Torres y Mut.

Sobre la actuación por la que fue precintado un negocio de ‘El Ico’ explicó que la medición del ruido se hizo un viernes y tras dar positivo el sábado se ejecutó el cierre. Una celeridad que «no es habitual», según detalló.