La presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Sofía Alonso, indicó este viernes que la institución está terminando de preparar la información solicitada por el Defensor del Pueblo sobre abusos a menores tuteladas, justificando el retraso en que el Defensor ha solicitado «especificidades» no contempladas en los registros del Consell de Mallorca.
Este jueves el Defensor del Pueblo informaba de que solo algunas regiones como Asturias, Madrid, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla han hecho llegar los datos requeridos. El Consell de Mallorca no es una de estas administraciones.
Preguntada por ello durante una rueda de prensa, Alonso explicó que la solicitud incluía «unas diferencias y especificidades que el Consell no tenía registradas de esa forma» y que eso obliga a los técnicos a realizar el trabajo «manualmente» y «expediente por expediente».
Por todo ello, «es un trabajo que necesita un poco más de plazo», pero la información requerida «se acabará de elaborar como corresponde», insistió la consellera insular.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, emitirá una resolución global sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados cuando tenga la información solicitada a todas las comunidades autónomas, según indicó la institución en un comunicado difundido este jueves.
Medidas de protección
El pasado 25 de mayo la institución inició una actuación de oficio, que continúa abierta, requiriendo información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada comunidad autónoma. También ha requerido a las administraciones, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos.
Esa documentación será estudiada conjuntamente por el Defensor del Pueblo para la elaboración final de una resolución que, previsiblemente, contendrá recomendaciones a las administraciones competentes.
El Defensor del Pueblo ha matizado que esta actuación general «no impide que pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos».
