El Govern justificó ayer la multa de 60.000 euros a cada uno de los participantes en una fiesta ilegal celebrada en un chalet de Son Vida porque en ese momento, agosto de 2021, Mallorca estaba en «máxima alerta sanitaria» por la covid. Fue el principal argumento que esgrimió la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, cuyo departamento tramita las sanciones por infringir la normativa sanitaria. 

«Fue una fiesta ilegal realizada en un domicilio en Son Vida en el que actuó la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. Identificó a los asistentes y nos lo comunicó a nosotros, que somos los que tramitamos las sanciones por Covid», introdujo Garrido. «Si lo vemos con los ojos actuales puede parecer una sanción desproporcionada, pero estábamos en un momento de máxima alerta sanitaria y se habían endurecido las sanciones por actividades de este tipo. Aquel verano hablamos mucho de fiestas ilegales y de actitudes que ponían en peligro al resto de la población porque en ese momento no todos estaban vacunados con la pauta completa», subrayó la consellera de Presidencia. 

Tercera ola

Garrido recordó que tanto Baleares como el resto del Estado sufrían la tercera ola de la covid. «Nuestros hospitales estaban saturados y las UCI llenas, hasta el punto de que hubo que parar intervenciones quirúrgicas. Es un tipo agravado de la sanción porque participar en una fiesta se consideraba grave, pero hacerlo en alerta máxima era muy grave. Y se les impone la sanción mínima, 60.000 euros. La más alta era 600.000 euros», justificó la consellera. 

Asimismo, señaló que los interesados tienen la oportunidad de presentar alegaciones. «También hay que recordar que si se paga de manera anticipada, la cuantía de la multa se rebaja un 50%. Todo eso ya está en manos de los instructores de la conselleria, que evaluarán y resolverán», destacó Garrido.

Algunos de los 114 asistentes identificados la noche del 21 de agosto de 2021 han consultado con abogados si la elevada cuantía de las multas obedecen al principio de proporcionalidad -la propuesta de sanción suma 6,8 millones de euros para todos los asistentes-. También se preguntan si es constitucional. «Las UCI estaban con una ocupación del cien por cien», insistió Garrido. «Con los ojos de hoy todo se ve de otra manera porque todos tenemos la tercera dosis, pero el pasado verano eran jóvenes, muchos de los cuales no habían empezado a vacunarse y desde luego todavía no tenían la pauta completa», manifestó. 

Armengol defiende las cuantías

Por su parte la presidenta del Govern, Francina Armengol, también defendió la ejemplaridad de las sanciones argumentando que «las normas se deben cumplir». Asimismo, indicó que las restricciones durante la covid y las sanciones que conllevaba no cumplirlas eran de conocimiento público: «Debemos pensar que estamos hablando de salud pública y de proteger la salud de todos. La norma era pública y notoria».