El sector privado de Mallorca está impulsando nuevos proyectos de vivienda de protección oficial (VPO) «con cuentagotas», según se reconoce desde la asociación de promotores inmobiliarios de Balears (Proinba), desde la que además se avanza que su salida al mercado no será significativa al menos hasta 2027. Y todo ello pese al anuncio el pasado mes de junio por parte del presidenta del Govern, Francina Armengol, de que la autorización para elevar el precio de los inmuebles protegidos hasta un 23% iba a incentivar la participación de empresarios en su edificación, con la incorporación de unas 15.000 residencias de este tipo en el mercado del archipiélago.
El presidente de la citada organización empresarial, Luis Martín, lamenta que el principal obstáculo que existe en estos momentos para dar un impulso a unas viviendas a precio más asequible radica en la tramitación de los proyectos, y recuerda que cuando se presentó junto con Armengol y el conseller del ramo, Josep Marí, la medida de elevar el citado valor del metro cuadrado de esos inmuebles, él ya advirtió que éste era un primer paso necesario para reactivar la promoción privada de VPO, pero que iba a ser insuficiente si no se agilizaba la tramitación urbanística.
Planes generales en trámite
Uno de los mayores obstáculos es que en estos momentos se están tramitando los nuevos planes generales de Palma y Calvià, municipios en los que se encuentran algunos de los suelos urbanizables en los que esos inmuebles protegidos van a tener más peso, pero cuyo desarrollo está paralizado hasta que los citados planeamientos se aprueben, lo que no va a suceder, en el mejor de los casos, hasta poco antes de las elecciones municipales del próximo año. A ello hay que sumar el posterior desarrollo de ese suelo y la tramitación de los proyectos, lo que hace que las primeras promociones no vayan a ver la luz, como pronto hasta dentro de cuatro o cinco años.
En estos momentos, según apunta el presidente de Proinba, las únicas viviendas protegidas que se pueden impulsar desde el sector privado son las que se pueden desarrollar en solares que ya estaban en manos de las promotoras, y no oculta que el volumen que éstas pueden alcanzar es mínimo, a lo que se suma que no todas las empresas están interesadas en poner en marcha en estos momentos proyectos de este tipo.
Incertidumbre en los precios
En este sentido, desde esta patronal se recuerda que existe una enorme incertidumbre sobre la evolución que los precios de los materiales van a registrar durante los próximos meses. Hay que tener en cuenta que en junio se permitió un alza en el precio de las viviendas de protección oficial de hasta un 23%, que era lo que se había elevado el coste de los materiales, según se indicó. Pero los últimos datos facilitados por la asociación de constructores indican que el coste de las obras se ha elevado ya un 30% en el último año.
Luis Martín pone de relieve que una de las dudas que están sobre la mesa es que, aunque ese aumento de los precios se está moderando, cuando las obras se puedan poner en marcha su coste no pueda compensar de nuevo el valor con el que los inmuebles pueden salir a la venta. Hay que tener en cuenta que los plazos que barajan son de al menos cuatro años para la salida al mercado de las primeras promociones en cifras significativas.
El presidente de Proinba lamenta que existan los obstáculos antes señalados, porque considera que sí hay empresas promotoras interesadas en desarrollar vivienda protegida en las islas y que de ponerse en marcha en este momento, los precios autorizados podrían hacer viable su desarrollo. Hay que recordar que el Govern ha elevado el límite máximo de la VPO de los 1.940 euros el metro cuadrado a unos 2.340, aunque este último vinculado a la calificación de eficiencia energética de estos inmuebles.
Martín apunta que también hay interés en desarrollar desde el sector privado vivienda protegida en alquiler.
