«Día importante», «medidas necesarias», «debemos felicitarnos todos», o «permitirá hacer inversiones y crear empleo». Estas frases no han sido pronunciadas hoy por ningún miembro del Govern balear ni del Ejecutivo estatal, sino que sus autores son los representantes de las organizaciones empresariales de las islas, como Gabriel Llobera, vicepresidente de CAEB, y Alfonso Rojo, presidente de PIMEB, a la hora de valorar el nuevo régimen fiscal anunciado en Mallorca por el presidente español Pedro Sánchez. Términos muy similares han sido los utilizados por los secretarios generales de UGT y de CC OO, Lorenzo Navarro y José Luis García respectivamente. En cualquier caso, el aplauso de Llobera se ha condicionado a que finalmente se cumplan los compromisos adquiridos.

Para Gabriel Llobera, era necesario que las islas dispongan de ventajas fiscales para compensar la insularidad, que podrán aplicarse a partir del próximo año, de ahí que haya reconocido estar «contento», aunque ha aprovechado para reivindicar que los fondos europeos lleguen también a las empresas y no se queden solo en manos del sector público.

Alfonso Rojo ha hecho hincapié en el momento en el que ese régimen fiscal llega, ya que permite dibujar un horizonte más halagüeño que el de los años anteriores e impulsar nuevas inversiones y crear empleo.

Lorenzo Navarro también ha puesto en valor la medida conseguida, pero en su caso ha subrayado la importancia que ha tenido la unidad de Balears a la hora de reivindicar un régimen fiscal propio. Ha añadido que estas ventajas que se van a dar a las empresas deben de servir para crear empleo de calidad y para elevar los salarios.

José Luis García ha opinado que con las medidas fiscales que se aplicarán en 2023 «se reconoce el hecho insular de forma definitiva», y ha coincidido con Rojo en que van a permitir afrontar con mayores garantías las incertidumbres que se abren de cara al invierno. Además, ha subrayado los beneficios que van a tener para el empleo.

Este aplauso unánime ha sido expuesto tras la reunión celebrada en sa Llotja este lunes a mediodía entre el Govern, con su presidenta, Francina Armengol, al frente, y los representantes de la sociedad balear, en la que han participado unas 70 personas, principalmente representantes empresariales, para exponer las medidas anunciadas poco antes por Pedro Sánchez.

Esta elevada participación ha sido utilizada por las portavoces del PSOE y de Unidas Podemos, Pilar Costa y Antònia Jover respectivamente, para poner de relieve la ausencia de los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos, El Pi y Vox), a los que se ha acusado de «autoexcluirse», con especial referencia a la líder de los ‘populares’, Marga Prohens.

Por su parte, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ha sido la encargada de exponer las virtudes de las nuevas medidas fiscales, que se incorporan al Régimen Especial de Balears junto a los descuentos en el transporte, el aumento de las inversiones estatales o las conexiones eléctricas con la península. Estas ventajas fiscales se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y las recibirán las empresas y autónomos que hagan inversiones para crear empleo, mejorar sus instalaciones o proteger el medio ambiente, con un plazo de tres años para ejecutarlas, al tiempo que habrá bonificaciones específicas para las empresas industriales y del sector primario de las islas.

Como ejemplos, ha señalado que una empresa con 80.000 euros de beneficio y que invierta 60.000, en lugar de pagar 20.000 en el impuesto de sociedades solo abonará 5.000. Un autónomo que tribute por estimación directa del IRPF, y tenga un beneficio de 50.000 euros y reinvierta 20.000, en lugar de pagar 14.340 en la Renta solo entregará 8.604.