Los sindicatos reclaman un aumento de la ayuda a domicilio para las personas mayores en detrimento del modelo de residencias, según han destacado hoy los representantes de UGT, CC OO y USO, Pedro Berruezo, Juan Sánchez y Marino de la Rocha respectivamente. Además, han reclamado que estas últimas no deben de superar las 60 plazas, al considerar que se deshumaniza la situación de sus residentes.

Respecto a la guerra abierta entre autonomías en materia de rebaja de la fiscalidad, los tres representantes sindicales se han mostrado muy críticos, recordando que son los impuestos los que permiten sostener los servicios públicos, como la sanidad o los sociales, y se ha abogado por poner fin a la posibilidad de que las comunidades puedan competir en esta materia.

Dada la celebración mañana del Día Internacional de las Personas Mayores, los tres sindicatos han aprovechado esta ocasión para presentar sus reivindicaciones, que serán entregadas mañana a la delegada del Gobierno, Aina Calvo.

La escasa cuantía de muchas pensiones y el impacto que eso tiene (se recuerda que en las islas el 17% de su población tiene más de 65 años, grupo que no deja de crecer) explica que una de esas reclamaciones es garantizar unas pensiones dignas, tanto para los jubilados actuales como para las futuras generaciones.

Otra es impulsar la atención domiciliaria y reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos, en detrimento de las residencias.

Respecto a estas últimas, se ha señalado que el 70% son de gestión privada, y aunque se ha apuntado que no se han detectado en las islas deficiencias graves en aspectos como la alimentación que se ofrece, pese a reconocer que se podría mejorar, se ha insistido en que el principal problema es la falta de personal en las mismas, en muchos casos porque sus malas condiciones laborales hacen que opten por irse a otros sectores como el de la hostelería.

Un punto sobre el que se ha hecho hincapié es en la intervención del Gobierno para evitar el cobro en los bancos de gastos y comisiones a las personas mayores, dado son muchas las que no saben hacer uso de las opciones digitales para hacer sus gestiones. Por ello, se reclama que pueda ser objeto de una atención personalizada.

La cuestión de la transformación digital y de los problemas que supone para los mayores no se limita a la banca, según se ha puesto de relieve, sino que se da incluso en el ámbito de la propia Administración, creando una barrera para que los ciudadanos de mayor edad puedan realizar sus gestiones y acceder a ayudas.

También se ha reivindicado elevar el gasto sanitario público al 7,2% del PIB español y el aumento del 25% en el caso de la Atención Primaria.

A ello se suma el impulsar una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, una rebaja en el precio de los servicios esenciales, o elevar la financiación estatal del Servicio de Atención a la Dependencia.