Més exige blindar la obligatoriedad de comprar producto local por parte de sector hotelero, como se fija en la Ley de Turismo, y exige a la conselleria de Turismo que llegue hasta donde haga falta, incluido el Tribunal Constitucional, para su defensa, después de que el Gobierno central cuestione el artículo de la norma que apoya al sector primario. Los ecosoberanistas han presentado este jueves una proposición no de ley en el Parlament en este sentido.

«Exigimos a la conselleria de Turismo que llegue hasta donde haga falta, hasta el Tribunal Constitucional si procede», advierte el diputado de Més Joan Mas ‘Collet’, para defender la ley turística balear y abunda en las razones por las que se debe blindar al producto local en los hoteles de las islas: para repartir la riqueza que genera el turismo, hacer frente a la emergencia climática consumiendo productos kilómetro cero y avanzar hacia la economía circular y la sostenibilidad de los sectores productivos. 

En una nota de prensa, los ecosoberanistas dan cuenta de que conocieron por la prensa, tras la publicación de este diario, que el Gobierno de Pedro Sánchez cuestionaba el artículo de la norma balear que obliga a que los establecimientos turísticos oferten entre un 3 % y un 5 %, dependiendo de la categoría, de productos locales a los turistas para apoyar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y el sector pesquero en las islas. 

A través de su proposición no de ley, a debatir en la Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament, los ecosoberanistas instan a Madrid a que lleva a cabo los cambios legislativos necesarios también para que las administraciones públicas pueden comprar preferentemente alimentos autóctonos. 

«Mientras Francia limita los vuelos» no puede ser que con la amenaza de la emergencia climática sigan a mansalva los productos que llegan de Sudáfrica o Centroamérica, pone de ejemplo el diputado de Més. Por ello Collet considera «lógico» que los ayuntamientos en los comedores de las escoletas o el IB-Salut en los hospitales también apoyen a los productores locales.

Mientras fuentes de la conselleria de Presidencia subrayan que el Govern y el Ejecutivo central mantienen conversaciones informales y el plazo para interponer el recurso de incostitucionalidad es de nueve meses desde que se aprobó la ley. El artículo cuestionado podría quedar tal y como está redactado o alcanzarse un acuerdo, como ha ocurrido hasta ahora con el resto de leyes cuestionados, matizan, de lo que se informará a través del BOIB.