Más de medio centenar de obras públicas en Baleares no se han puesto en marcha durante este año al no querer ejecutarlas ninguna constructora debido a que el presupuesto con el que han salido a licitación no cubría los costes, según se ha denunciado desde la patronal del sector. Esta situación, según se subraya, no tiene precedentes y deja a las empresas del sector en una posición de enorme vulnerabilidad. La mayor parte de estos proyectos corresponden a actuaciones de ayuntamientos.
La asociación balear de constructores afirma que desde el 1 de enero y hasta la fecha de hoy hay 57 obras que han quedado desiertas, sin que ninguna empresa se presente para ejecutarlas, con un presupuesto global de más de 58 millones de euros. La causa, según se explica, es que el precio asignado a estas actuaciones no se ha revisado para compensar el encarecimiento de los materiales, lo que provocado que su ejecución no resulte rentable.
De estas 57 licitaciones, 29 corresponden a ayuntamientos, ocho son del IBISEC encargado de las infraestructuras de Educación, cinco corresponden al instituto balear de la vivienda (IBAVI), tres son del Consell de Mallorca, dos de la Universitat balear, dos de la empresa ferroviaria SFM, dos de aeropuertos (AENA), y una del Consell de Menorca, de ABAQUA, de Mutua Universal-Mugenat, del ministerio de Cultura y de la Administración general del Estado.
Se hace una mención especial del IBAVI, organismo del que se reconoce que está atendiendo de forma positiva las reclamaciones para que revise sus precios. Por contra se critica especialmente el rechazo a hacerlo del ayuntamiento de Llucmajor.
La presidenta de la citada patronal, Fanny Alba, ha señalado que “somos los primeros que deseamos trabajar, pero en unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas. Al final, con las obras desiertas salimos perjudicados todos, los ciudadanos en primer lugar”.
Desde esta asociación se recuerda que las obras se han encarecido más de un 30% en las islas, pese a lo cual la inmensa mayoría de los proyectos públicos del archipiélago se ven excluidos del decreto estatal de revisión de precios, y todavía no pueden acogerse al autonómico al no haberse publicado todavía sus parámetros y metodología.
La gerente de la citada patronal, Sandra Verger, ha asegurado que los empresarios dedicados a la obra pública están «desesperados», ya que llevan más de un año asumiendo unas obras con las que finalmente pierden dinero. Además, ha advertido del riesgo de que se puedan perder fondos europeos debido a que actuaciones financiadas con ellos finalmente no se puedan ejecutar en el plazo acordado al quedar su licitación desierta.
En este contexto, ha indicado que se ha pedido a la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, que ayude a convencer al Govern de la necesidad de tomar medidas en relación a este tema, algo que esta última expuso durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada el pasado lunes.
Entre los citados proyectos que han quedado desiertos se destaca la prolongación de metro hasta el Parc Bit, presupuestada en casi 19,9 millones de euros; la construcción de un centro de educación infantil en Inca, por cinco millones de euros; la edificación de 15 viviendas protegidas en Binissalem, por 2,2 millones, y de otras 15 en Sant Llorenç, por 1,8 millones; una nueva unidad básica de salud en Consell, por 1,1 millones; o la ampliación de un centro de Educación Primaria en Santanyí, por 2,1 millones, por citar algunos ejemplos.
Sandra Verger ha asegurado que hay empresas del sector que ya se están planteando aplicar recortes en sus plantillas al no poder aspirar a desarrollar obras públicas a los precios con los que se ofrecen, y ha lamentado el impacto que la situación que se está viviendo puede tener sobre el empleo. En este sentido, ha recordado que el problema de las licitaciones que quedan desiertas se produce precisamente en un año preelectoral, cuando los proyectos que se impulsan desde las Administraciones aumentan.
El portavoz de UGT-Construcción, Roberto Serrano, ha manifestado que por el momento los sindicatos no han detectado una reducción de puestos de trabajo, aunque ha admitido que lo que está sucediendo «nos preocupa».
En este sentido, ha puesto de relieve que los problemas detectados en la obra pública coinciden con una fuerte actividad en la edificación privada, lo que está haciendo que también en el sector de la construcción se esté viviendo un problema de escasez de mano de obra cualificada.
