«Me siento una ciudadana de segunda, llevo dos años esperando un papel que me dé algún tipo de estatus en España». Las palabras de María José Navarrete, afincada en Palma, suenan a desesperación y angustia.
De origen es chilena, pero de corazón, tradición, costumbre y acento es española, como no podía ser de otra manera después de veinte años en este país. Ha pasado por Barcelona, Córdoba, Jerez de la Frontera y finalmente Mallorca, donde reside desde hace 12 años en la capital balear.
La situación económica de su familia la llevó a trabajar desde muy joven: «Mi madre y yo hemos pasado momentos muy difíciles», confiesa con la voz temblorosa. Fue la mujer más feliz del mundo cuando logró, con la incondicional ayuda de su progenitora, ahorrar para marcharse a estudiar Teología en una universidad de Córdoba, un hito al que llegó después de una trayectoria vital repleta de dificultades.
Una pandemia lo truncó todo. La tarjeta de residencia le caducó en octubre de 2020, en plena crisis sanitaria y con estrictas restricciones en la movilidad aérea. Intentó, desde Córdoba, tramitar la renovación del documento, expedido por la Delegación de Gobierno balear. «Las instituciones empezaron a pasarse la pelota de una a otra, nadie me ayudó por mucho que me moví y se agotó el plazo para renovar la residencia», explica.
A la lentitud de los trámites administrativos —Extranjería ha llegado a tardar un año en contestarle a un correo electrónico, asegura Navarrete— se le sumaron las complicaciones de la pandemia: «Sucursales cerradas y todo por vía electrónica, los trámites se hicieron mucho más lentos y torpes». La situación desencadenó una pesadilla para madre e hija.
Su condición de irregular comenzó a dar problemas para buscar trabajo e incluso homologar el título que acababa de obtener en Córdoba. Navarrete tramitó una segunda solicitud de la tarjeta de residencia y trató de explicar que, pese a sus 29 años de edad, está a cargo de su madre, María Teresa Rey, quien sí tiene permiso de residencia en España. Estar a cargo de un ciudadano de la Unión Europea es una de las vías para acreditar una situación legal en el país.
Sin embargo, un año después, llegó la respuesta de Extranjería: solicitud denegada por motivos económicos, aunque María José depende de su progenitora para sustentarse, alimentarse y vivir bajo un techo: «No seguí la trayectoria habitual porque de joven tuve que trabajar, mi etapa de formación es ahora», aclara.
«Llevo dos años muy afectada emocionalmente, me han tratado como si fuera un estorbo, pese a que hace 20 años que vivo en España y me siento española», lamenta Navarrete, que explica que su madre, un apoyo vital, le ha ayudado con toda la burocracia.
Es precisamente ella, María Teresa Rey, quien contacta con este periódico en una situación completamente desesperada, después de dos años de lucha: «Veo a otras personas que obtienen la nacionalidad sin estudios ni empleo. Mi hija tiene muchas ganas de seguir estudiando, trabajar de lo suyo y cumplir sus sueños», solloza. «Es lista, aplicada, y una luchadora. No se merece este desprecio», expresa la madre: «Llegaré hasta el final por ella».
Navarrete ha tenido que detener su formación y se ha visto abocada a trabajar en empleos precarios para los que está sobrecualificada, cobrando en ‘negro’ y sin contrato: «Llevo dos años en el limbo, tenía la vida que quería y lo he perdido todo», manifiesta. Con la ayuda de una abogada especializada en Extranjería, madre e hija se enfrentan juntas a una descorazonadora encrucijada por ser una ciudadana más en Mallorca.
