Francina Armengol, presidenta del Govern, afrontará su último debate de política general de la actual legislatura el próximo día 4 de octubre. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, apuntando que han propuesto al Parlament este día. Se espera que se fijará el día siguiente, día 5 de octubre, como la jornada para la réplica de la oposición y la contrarréplica de la presidenta del Govern.
El debate de política general, también conocido como debate del estado de la autonomía, está destinado a analizar la situación de la comunidad autónoma. La presidenta del Govern se somete al examen de los grupos parlamentarios repasando las políticas que se han impulsado durante el último ejercicio y poniendo sobre la mesa las iniciativas de futuro. Este año cobra especial relevancia, ya que estaremos solo a unos meses de las elecciones a celebrarse en mayo de 2023.
La oposición tendrá poco más de una semana para preparar su ofensiva parlamentaria y plantar la réplica a Francina Armengol. Antoni Costa volverá a ser el encargado de debatir con la presidenta como principal portavoz de la oposición. En este caso como portavoz del PP. No obstante, también se espera con expectación lo que puedan decir desde Més y de Podemos, socios de Armengol, y que querrán marcar perfil propio ante la inminente cita electoral.
Consell de Govern
Por otra parte, el Consell de Govern ha aprobado, a propuesta de la Consellería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, la concesión de subvenciones directas por valor de casi 14 millones de euros para la ejecución de la actuación de cohesión en destino (ACD) prevista por la Estrategia de sostenibilidad turística en destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Las localidades de Palma y Calvià recibirán cuatro millones cada uno, mientras que el Consell de Menorca y Sant Antoni de Pormany (Eivissa) recibirán tres cada uno. Otro municipio ibicenco, Sant Josep de sa Talaia, le ha correspondido 1,6 millones.
Estos planes se enmarcan dentro del programa estatal para la modernización de la economía española, así como la recuperación del crecimiento económico y la creación de ocupación, y se configuran como mecanismos de actuación entre los tres niveles de la Administración (Estado, Govern y Consell) y con el sector privado. El objetivo es conseguir que se acometan actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.
