«Si se empezara de cero con el sistema fiscal en España, podría afirmarse que gravar el patrimonio no es la mejor opción posible porque es una imposición reiterada sobre el ahorro y como tal lo penaliza», sostiene el economista Guillem López Casasnovas. «Pero los sistemas fiscales nunca parten de cero. Partimos de una insuficiencia manifiesta de recursos públicos. Gastamos lo que no ingresamos. Hemos decidido que no queremos hacer tributar demasiado a las rentas del capital y aceptamos todos una dualidad fiscal bastante regresiva con rentas del trabajo que pagan más que las del capital. De manera que si no queremos gravar el capital cuando fluye, sus rentas, parece lógico que gravemos su acumulación, el stock, la riqueza, el patrimonio. Unos dirán que muchos países no tienen este impuesto. Es cierto, pero tienen otros que seguramente gustarían menos a los abolicionistas del impuesto de patrimonio. Por ejemplo, ¿queremos gravar más los bienes inmuebles como hacen los franceses? ¿Queremos más tasas por los servicios públicos como hacen los anglosajones? ¿Nos gustaría más progresividad en la renta como los nórdicos?», se pregunta el economista menorquín. «No querer pagar impuestos no deja de ser una irresponsabilidad en democracia para aquellos que aspiran a un mejor estado de bienestar», sentencia.
«Por la vía de los hechos», dice el experto, «algunos añadirán que este es un impuesto que los ricos de verdad ya no pagan. Los descosidos de la regulación actual les permite la ingeniería fiscal que los grandes despachos promueven, ahorrando en impuestos por encima de lo que pagaron en minutas por esos consejos. Al final es dinero que se mueve del erario público al bolsillo de consultores».
«Muchos de los que piden la supresión del impuesto son de hecho los temerosos a practicar la elusión fiscal y que a falta de asumir el riesgo de que los pillen encuentran más limpio presionar para que la propia administración les condone», prosigue López Casasnovas. «Si queremos que sea un gravamen sólo para grandes fortunas, elevemos el mínimo exento. La comisión de reforma tributaria así lo ha recomendado. Al final, el tributo de patrimonio tiene un papel de control de quien acumula patrimonio y no declara renta».
En el panorama autonómico, «¿qué lógica tiene que una comunidad que se financia con amplias transferencias de comunidades que sí mantienen el impuesto renuncie a esta recaudación, siendo como son comunidades internamente muy desiguales? ¿Cómo se puede estar a favor de la armonización europea frente a Irlanda y otros y negarla en el sí del propio Estado? ¿Cómo se puede ser constitucionalista español e ignorar el principio de contribuir según la riqueza?», cuestiona el economista.
«Atraer talento es dar una buena fiscalidad a los expatriados jóvenes que quieren regresar al país sin penalizaciones respecto a sus países de origen. No favorecer las grandes fortunas dinásticas de patrimonios improductivos que arrastran sus privilegios a lo largo del tiempo. Reformular el impuesto y no abolirlo parece la opción más sensata», concluye.
