La ofensiva fiscal de Andalucía, Comunidad de Madrid o Murcia al defender la eliminación del Impuesto del Patrimonio ha suscitado una réplica por parte del PSOE, sobre todo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como barones importantes como el líder valenciano Ximo Puig y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol. Estos dos hace años que forman un tándem político de altura para reivindicar una mejoría de los recursos para la «España que se llena».
Puig aprovechó ayer su participación en un acto de El Diario en Valencia al que también acudía Sánchez para poner sobre la mesa la posibilidad de que las autonomías que «el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de redistribuir los ingresos del Estado», una petición reconocida por Sánchez. En este sentido, reclama que el sistema de financiación autonómica penalice el dumping fiscal y que aquellos territorios que suprimen tasas autonómicas no puedan a la vez reclamar más recursos al Gobierno.
El líder de los socialistas valencianos vuelve a reclamar una «reforma fiscal en profundidad» en España para que «paguen más los que más tienen» y «cumplir» así «con la Constitución», ya que según Puig no es «suficientemente progresiva». Así, aboga por una «armonización fiscal» que ponga un suelo a posibles bonificaciones de tasas autonómicas, especialmente con los tributos «que pueden implicar deslocalización».
Sánchez cogió el testigo e hizo hincapié en que existen dos maneras de afrontar las crisis: «Una basada en el individualismo y la insolidaridad y otra con determinación, unidad, solidaridad y sensibilidad social». Por ello, el presidente del Gobierno ensalzó las posiciones de comunidades autónomas como Valencia o Balears por «no caer» en la guerra fiscal entre las diferentes regiones.
La presidenta balear declara que «no le parece justo» que comunidades como Andalucía, que son «claramente receptoras netas de recursos», decidan eliminar tributos a los ricos mientras regiones como Balears son «claramente aportadoras».
«La gente que tiene un patrimonio de más de un millón de euros no tiene que ser la beneficiaria de las políticas fiscales. ¿Cómo alguien no puede entender una fiscalidad que reclama más a quien se está enriqueciendo para aliviar las dificultades de la clase media y trabajadora?», argumenta.
Asimismo, incide en que la política fiscal es «identificatoria de muchas cosas y de enfocar las prioridades», por lo que denuncia que «últimamente hay una competencia fiscal por parte de las comunidades autónomas del PP para ver quién reduce más los impuestos a quienes más tienen, todo lo contrario a lo que yo pienso que se debe hacer».
La socialista insiste en que quienes tienen un patrimonio de más de un millón de euros «no deben ser los beneficiados por las medidas fiscales por parte de las administraciones públicas» y reivindica que en el Govern «priorizamos a las clases medias y trabajadoras, no a aquellos que no lo necesitan».
Armengol defiende que los ciudadanos de Balears «no tenemos por qué pagar los privilegios de los ricos de otras comunidades» y alerta de que las administraciones, si tienen recursos que provienen de los impuestos, tienen que hacerlo de forma justa y redistribuir bien para que los servicios públicos aseguren la equidad e igualdad de oportunidades: «Esto es por lo que yo estoy en política».
Por este motivo, se posiciona a favor de que haya unos mínimos fiscales pactados y las políticas fiscales «siempre beneficien a la mayoría».
