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Madrid ve inconstitucional que el Govern fije un porcentaje de producto local en los hoteles

El Gobierno advierte que favorecer lo autóctono en la ley Negueruela imponiendo exigir un mínimo «con revisión al alza» vulnera el principio de igualdad y no discriminación de las empresas en el mercado español - Bajo la lupa también el "privilegio" del sello de establecimiento comprometido con promoción prioritaria

Maroto, con Armengol, y Negueruela detrás, en el aeropuerto, durante la crisis sanitaria. MANU MIELNIEZUK

El Gobierno, a través de las observaciones del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, considera inconstitucional la Ley de Turismo balear porque impone porcentajes mínimos de consumo de producto local, y «al alza» ,en los hoteles y establece «privilegios» para las empresas y establecimientos que garanticen el 10 % de los de origen balear, otorgándoles un distintivo y promoción prioritaria, lo que, a juicio del departamento de Reyes Maroto, vulnera «el principio de igualdad y no discriminación de los operadores económicos».

Así las cosas, desde Madrid se advierte que la ley Negueruela tal y como está redactada en lo referente al favoritismo al establecer unos porcentajes mínimos de consumo de los productos baleares en los establecimientos turísticos de las islas podría resultar contraria al orden constitucional. De ello, y de que se iniciarán negociaciones para resolver las discrepancias con Madrid por la norma turística dio cuenta ayer el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el que se informa sobre un acuerdo que firman la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido.

Va más allá la llamada de atención del Ejecutivo de Pedro Sánchez al de la socialista Francina Armengol, porque además la revisión al alza, a partir de 2025, de dichos porcentajes que establece la norma y la creación de un distintivo de establecimiento comprometido con lo local, también supondría «una discriminación efectiva de los operadores económicos habida cuenta de su incompatibilidad con el principio de libre circulación de mercancías reconocido legal y constitucionalmente así como de acuerdo al Derecho de la Unión Europea».

Por todo ello, la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, que examinó a mediados de julio la ley Negueruela aprobada el pasado 31 de mayo en el Parlament balear, «en línea con las observaciones formuladas» por el ministerio de Maroto aprecia «fundamentos jurídicos suficientes» para plantearse llevarla al Tribunal Constitucional.

No obstante, se considera que a través del «cauce de la cooperación» se podría buscar «una solución adecuada a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad».

Así pues, Política Territorial insta al Govern a negociar, «lo antes posible», con la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

Desde el Govern se quita hierro al conflicto con Madrid, al considerar «un tema menor» que se cuestione este asunto. Fuentes de Turismo confían en mantener los porcentajes de consumo de producto local y subrayan que no se cuestionan medidas de más calado como la moratoria, la sustitución de las camas elevables en los hoteles o las de índole social, entre otras.

La ley Negueruela a través de su extenso artículo 2 establece, entre otras obligaciones para empresas y establecimientos, un compromiso de consumo de productos de alimentación y bebidas de proximidad, garantizando un mínimo de un 3 %, del 4 % en hoteles de cuatro y cinco estrellas y del 5 % en agroturismos. El Gobierno cuestiona si la imposición de porcentajes mínimos sería compatible con la libre circulación de mercancías y apela a la «unidad de mercado en el territorio nacional». Si bien se destaca que los porcentajes son «bastante reducidos» y apelando a la sostenibilidad «podrían considerarse admisibles». Pero se planta ante los «privilegios» que introduce la ley balear cuando se garantice un mínimo de un 10 % de producto local —y su revisión al alza— brindando un distintivo y promoción prioritaria en turismo sostenible, porque a su juicio es contrario al principio de igualdad y no discriminación.

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