El Govern y el Consell de Mallorca, después de contar con el respaldo de hasta tres dictámenes del Consell Consultiu, han rechazado pagar indemnizaciones por valor de 20 millones de euros a diferentes entidades y concesionarias. Reclamaban el daño emergente y el lucro cesante de las resoluciones dictaminadas por las administraciones durante el estado de alarma a raíz de la pandemia del coronavirus o covid-19. Se trata de las dos empresas sanitarias privadas más importantes de las islas, así como concesionarias públicas y hasta una cadena de gimnasios.
En todas las resoluciones que ha dictado el Consell Consultiu, tras la consulta previa solicitada por las administraciones, ha rechazado que el Govern y el Consell paguen estas millonarias indemnizaciones. Tanto Govern como Consell, siguiendo estas directrices, han denegado abonar las indemnizaciones. Los principales argumentos han sido que el llamado lucro cesante o daño emergente debe ser evaluable y que el estado de alarma que provocó las medidas restrictivas fue dictaminado por el Gobierno central, no por la Comunidad.
Casi con total seguridad todas estas reclamaciones terminarán ante los tribunales de Justicia y será en la vía judicial que se dictaminará si las resoluciones de las instituciones provocaron una pérdida económica indemnizable a dichas empresas. Hay que recordar que la Justicia anuló diversas restricciones, tanto del Gobierno central como del Govern.
Empresas sanitarias de Baleares
El grupo Juaneda, junto con sus clínicas y centros sanitarios filiales, reclamó 5,6 millones de euros. En este caso, mantenía que las diferentes normas dictadas por las administraciones, también la autonómica, no le habían permitido realizar un ERTE a sus trabajadores, ya que como sanitarios eran servicios esenciales. No obstante, les obligaban a tener todos los centros abiertos mientras la actividad económica se desplomaba. De hecho, argumentaron que tuvieron la clínica Juaneda abierta y prácticamente sin utilizarse durante el estado de alarma.
El IB-Salut presentó un escrito alegando que dicha entidad tenía contratos formalizados con la sanidad pública para el desvío de pacientes. De igual modo, el Consultiu recuerda en su dictamen que los requisitos para una posible indemnización deben ser que «el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, y deberá haber alegado en dicho proceso la inconstitucionalidad que posteriormente se haya declarado. Nada de ello ha ocurrido en el caso que nos ocupa, por lo que podemos anticipar que la reclamación efectuada tiene un recorrido imposible».
Quirónsalud reclamó 9 millones de euros por el mismo concepto que la anterior entidad sanitaria privada. También tuvieron que mantener abiertos a plena actividad sus 12 hospitales y centros sanitarios de que disponen en Baleares. En este caso, la entidad razona que sus perjuicios económicos se derivan de la suspensión de la actividad asistencial no urgente a raíz de las resoluciones de las administraciones por la covid. Asimismo relata que tuvo que poner a disposición de la sanidad pública todas sus instalaciones y les remitieron pocos pacientes que ellos pudieran presentar facturas. Pese a ello, tuvieron que tener activa a toda su plantilla de profesionales y abonarles sus correspondientes nóminas durante estos meses.
El IB-Salut resolvió en este caso que existía un contrato entre ellos y la clínica privada para el desvío de pacientes. Quirónsalud rebate este argumento apuntando que en su momento rechazó este contrato y «en todo caso es ajeno al coste de la puesta a disposición de los centros sanitarios, pues la propuesta de contrato se refería a la asistencia a pacientes covid y no a la puesta a disposición de las instalaciones».
El Consell Consultiu en su dictamen considera que «no se ha acreditado de forma suficiente la disminución de ingresos que ha sufrido la entidad reclamante durante el estado de alarma y que sean imputables a la Administración Autonómica».
El dictamen del alto órgano jurídico advierte que Quirónsalud y el Govern deben resolver las discrepancias contractuales durante el proceso de liquidación de dichos contratos. Entiende que es una cuestión al margen de la reclamación por posibles perjuicios a raíz de la pandemia de la covid.
