La escasez de facultativos en Baleares es un lastre que el archipiélago lleva años padeciendo y no parece haber visos de mejora. Según el Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears (COMIB), en el archipiélago hay en la actualidad un total de 6.430 profesionales registrados. De todos ellos, la Organización Médica Colegial (OMC) señala -con datos de 2017- que un 29,4%, es decir unos 1.890, tienen entre 55 y 64 años, lo que significa que estarán en edad de jubilarse en los próximos diez años.
Si estas cifras las unimos a los 724 médicos residentes (MIR) que acabarán de formarse en las islas en los próximos años, y que ofrece el último informe sobre Colegiados, estudiantes y MIR en España hecho público esta semana y elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (Cesm), vemos que las cuentas no salen. Concretamente, en las islas terminarán 112 MIR este año, 118 en 2023, 168 en 2204, 162 en 2025 y 164 en 2026.
En palabras de Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal), «los números son muy preocupantes y deberían ser objeto de Consejo Interterritorial». Señala que «se trata de un problema importantísimo, autonómico y nacional, de carácter multifactorial sobre el cual las administraciones no han hecho lo que cualquier país serio habría hecho», que es, dice, «llevar a cabo una planificación de recursos humanos médicos, el pilar de la sanidad».
Cubrir las plazas que quedarán vacantes será toda una proeza si además tenemos en cuenta que cada año más médicos solicitan a la OMC el certificado de idoneidad para salir de España en busca de estabilidad y mejores condiciones laborales, profesionales y retributivas. En las islas solo el año pasado 74 personas hicieron esta petición, lo que coloca al archipiélago entre las nueve comunidades que más certificados solicitaron, siendo Cataluña la primera, con 706, y Galicia la octava, con un total de 75.
«La formación de cada uno de los MIR cuesta unos 300.000 euros, una inversión que si se acaban yendo no termina en España y deriva en la importación de médicos que no tienen la formación de nuestros facultativos», afirma el presidente del Simebal. «Para qué formar médicos si se van, hay que incentivarles, darles estabilidad laboral», esgrime.
Recorte de plazas
Otra de las realidades a las que se refiere también el Centro de Estudios de Cesm con su informe sobre la situación de los residentes es que en los años en los que terminaban sus estudios de medicina alrededor de 4.000 médicos -a nivel nacional-, se convocaban más de 6.500 plazas MIR, y cuando se incrementó el número de alumnos y comenzaban a aumentar los médicos que terminaban sus estudios, se recortaron de forma importante las plazas de residentes.
Se necesitan, por lo tanto, más vacantes MIR para formar a los licenciados que no han conseguido plaza para especializarse.
El estudio concluye haciendo referencia a la dificultad para acceder a las mismas y plantea la necesidad de bajar la nota de corte, ya que considera que «el examen tiene como único fin ordenar a los aspirantes por mérito y capacidad para elegir plaza y ya han demostrado sus conocimientos superando los seis largos años de estudios».
Sobre la nota de corte tan elevada Lázaro plantea una cuestión: «¿serán buenos médicos?, porque cuidado con el perfil de persona brillante y competitiva», advierte, y añade que «la compasión es un componente clave de la humanización de la Medicina».
Las soluciones
Teniendo en cuenta la problemática existente, ¿cómo lograr cubrir todas esas plazas vacantes? El presidente del Simebal tiene las claves.
En primer lugar plantea incentivar a los MIR para que no se vayan fuera de España a trabajar. Además, si finalmente se marchan, sugiere favorecer una operación retorno. También hace referencia al complemento por residencia, el cual asegura «debería actualizarse. Aquí cobramos 90 euros y en islas pequeñas cobran 600. En Balears esa actualización está bloqueada desde 2007 y eso no puede ser», apunta.
Asegura que desde el sindicato propusieron al Servicio de Salud de las islas (IB-Salut) que hubiera un programa para incentivar que quienes se fuesen a jubilar no lo hicieran, «ofreciéndoles no atender en domicilios ni urgencias, por ejemplo», pero este plan quedó en agua de borrajas. Muchos médicos podrían continuar unos años, insiste Lázaro, «pero no siguen porque además ser facultativo después de la pandemia es muy estresante, y no olvidemos que el médico quemado es un médico peligroso, porque deriva en una fatiga de la compasión», y eso implica, puntualiza, «perjudicar a los pacientes».
Culpa a la Administración y por lo tanto al IB-Salut de esta situación, ya que, dice, «sabiendo lo que va a pasar -teniendo en cuenta los datos de las jubilaciones- no hace nada, y eso denota irresponsabilidad». Considera que la gestión de esta problemática no debería ser en Balears tan difícil, «teniendo en cuenta que el 40% de los ciudadanos tienen seguro privado».
Finalmente, Lázaro plantea un gran pacto de Estado que se base en un estudio riguroso de los datos para poner fin a «estos números tan preocupantes», porque, alega, «la sanidad no se puede ideologizar».
