Los inquilinos de habitaciones en Baleares no pueden aspirar a ser beneficiarios del bono joven de alquiler, aunque cumplan el resto de requisitos para obtener la ayuda. La convocatoria del Govern que especifica las cláusulas para solicitar esta subvención estatal lo deja claro, puesto que fija como condición ‘sine qua non’ ser titular o cotitular del contrato para acceder a la aportación.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico incumple así lo dispuesto por el Real Decreto 42/2022, que regula las condiciones para acogerse a la ayuda y que establece expresamente que el alquiler de habitaciones será objeto de subvención por parte del bono alquiler joven.
«Titularidad del contrato de alquiler de la vivienda (no habitación) donde se reside permanentemente», formula literalmente uno de los requisitos establecidos en la convocatoria publicada por la conselleria de Movilidad y Vivienda.
De hecho, el resto de autonomías que ofrecen esta ayuda lo han hecho de acuerdo a las condiciones del Ejecutivo central, independientemente de su color político. Castilla y León, Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura, Murcia, La Rioja, Valencia, Cataluña, Canarias o Galicia son algunas de ellas.
Es más, de las comunidades que ya han convocado el bono joven, Baleares es la única que ha decidido hacerlo excluyendo el alquiler de habitaciones. De esta manera, la Conselleria pasa por alto las reglas que marcó el Gobierno central para la subvención, que incluso establecen un precio máximo para cada uno de los dos casos.
En concreto, 600 euros al mes por un piso (ampliable a 900 euros en casos como el de Baleares al ser zona tensionada) y 300 euros por una habitación (también ampliable a 450). Pero en el caso concreto de Baleares, si uno tiene un contrato de arrendamiento de habitación, no va a poder acogerse a la ayuda. Sin embargo, si un beneficiario del bono joven en otro territorio (en el que sí cobraba la ayuda por alquilar una habitación) se traslada a Baleares y vuelve a arrendar una habitación, tendría derecho a seguir cobrando la subvención que a los jóvenes de las islas se les niega, con cargo a los fondos del archipiélago, según establece el Real Decreto del Gobierno.
En esta línea, cabe decir que el Govern recibió del Ejecutivo central 9,6 millones de euros en dos anualidades (2022 y 2023) de 4,8 millones de euros cada una para poner en marcha estas ayudas, que a pesar de ser impulsadas por el Ejecutivo de Sánchez, son gestionadas por los gobiernos autonómicos.
Asimismo, la normativa nacional (como es un Real Decreto) es siempre superior a la autonómica (como la convocatoria publicada en el BOIB), y ambas no pueden ser contradictorias entre sí. En tal caso, prevalecería la de rango superior y cabría plantearse si la que queda por debajo sería impugnable.
Fuentes de la conselleria de Vivienda consultadas por este diario alegaron ayer que si se da el caso de que varios jóvenes comparten un piso sí que podrían solicitar la aportación, pero todos tienen que figurar como titulares (o cotitulares) en el contrato. Es decir, si un particular decide alquilar una habitación suelta dentro de un piso, el inquilino no podría beneficiarse del bono, admitieron ayer estas mismas fuentes.
Con todo, desde la cartera del Govern defendieron que la convocatoria se ha diseñado a partir de los datos que arroja el Ibavi y como complemento a las políticas de vivienda que ya se desarrollan en la comunidad. No obstante, en las islas no hay subvenciones autonómicas específicas para el alquiler de habitaciones.
Mil inscripciones en 2 semanas
A mediados del mes de agosto, tan solo dos semanas después del inicio del plazo para solicitar el Bono de Alquiler Joven, el Govern ya había recibido más de mil solicitudes.
El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, vaticinó en su momento un «alto número de solicitudes» antes de que finalice el plazo el próximo 15 de septiembre. Precisamente al concluir este periodo el Govern tiene previsto realizar un balance de las ayudas y presentar los resultados.
En este sentido, también llama la atención que Baleares es una de las comunidades con con la convocatoria más corta, con solo un mes y medio de margen. Algunas autonomías han dejado plazos de hasta un año, como Extremadura, o un año y medio, como Asturias.
LAS CLAVES
La única autonomía que no contempla habitaciones pese a la crisis de vivienda
El bono joven prevé que puedan acceder a las ayudas los que paguen hasta 900 euros por un piso y hasta 450 por una habitación. Sin embargo las ayudas en Balears no contemplan este último supuesto pese a la emergencia de vivienda que asfixia a los jóvenes
En caso de contradicción siempre prevalece la normativa estatal
Cuando una norma estatal entra en contradicción con una autonómica, se aplica preferentemente la primera, al ser siempre de rango superior. Cabría plantearse, por tanto, si lo publicado en el BOIB es impugnable al reducir el alcance previsto por el Gobierno para las ayudas
