El Pi ha pedido al Parlament que emita un informe ante la posible invasión de competencias autonómicas en el decreto ley de ahorro energético del Gobierno, de manera que, si existen dudas de constitucionalidad, el Govern presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de la formación regionalista, Josep Melià, asegura que las instituciones baleares deben ser las que digan o marquen cómo deben llevarse a cabo este ahorro energético del 7% aprobado por el Consejo de Ministros.
«Que sea el gobierno central quien diga cómo debe llevarse a cabo este ahorro nos parece que va en contra de la Constitución», manifiesta. Además, con esta proposición instan al Parlament a pedir una instrucción o resolución que aclare la aplicación del decreto de ahorro energético, estableciendo las temperaturas a las que deben ajustar los distintos negocios y sectores o el régimen sancionador aplicable.
