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Diario de Mallorca

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Boulevard

Boulevard | El Govern dice que publica leyes falsas en el Boletín Oficial

La inevitable intervención de la Oficina Anticorrupción desvelará el misterio de la mano negra que ascendió a Cati Cladera y a Rosario Sánchez de auditoras a interventoras

Iberostar pagaba 50 mil euros en 2016 por dar nombre a Son Moix, el Consell abonará veinte veces más al club privado con fondos públicos. TOORU SHIMADA

Mallorca se divide en zonas caras y zonas demasiado caras. Recuerden dónde leyeron antes que el Govern camufló en un Decreto-Ley su regalo de despedida a Cati Cladera y Rosario Sánchez, de auditoras a interventoras con la firma incluida de la segunda de las citadas. A partir de aquí, el PSOE se enreda en que el texto legal publicado en el Boletín Oficial de Balears, dependiente de la conselleria de Presidencia de Mercedes Garrido, no es el aprobado en el Consell de Govern donde se sientan Garrido y Francina Armengol, ambas firmantes de la norma aparecida en el BOIB.

Por tanto, el Govern dice que publica leyes falsas en el Boletín Oficial bajo su tutela. Se abren solo dos posibilidades:

A) El Govern miente, y aprobó el Decreto coladero y colocadero tal como salió publicado.

B) El Govern dice la verdad, con lo que apunta a la traición de una mano negra que modificó el texto publicado por el Govern en el BOIB del Govern. Y además, este hacker alteró el Decreto para favorecer en una disposición final inventada a Cati Cladera y Rosario Sánchez. Cuánta maldad habita en el mundo, esta segunda opción empeora la posición del ejecutivo.

El problema de B) es que el Govern no informó a la opinión pública, ni siquiera a los consellers, de la falsificación de un Decreto. Las fechas no permiten mentir. El texto falso se publica el 16 de junio. Hasta el 7 de agosto, y porque lo leyeron en esta sección, había consellers incluso socialistas que ignoraban la manipulación. Solo hay dos opciones para explicar una violación sin precedentes, siempre según el PSOE, de un texto emanado del Consell de Govern:

1) El Govern pensaba aprovechar el mayor atentado burocrático de la historia de Balears, nada menos que la falsificación de un Decreto publicado en el BOIB, para que pasara desapercibido y se consumara el ascenso de Rosario Sánchez y Cati Cladera. Gravísimo.

2) La rectificación masiva del Decreto, que solo se publica sin ninguna prisa el 27 de junio, sucede a las protestas incluso por escrito del Síndic de Comptes de quien dependen laboralmente Cladera y Sánchez. Por no hablar de la indignación ante el PSOE madrileño del cuerpo de interventores, por la cacicada de la colocación o, como diría el Govern, por la traición.

En efecto, (2) es la respuesta correcta. El lector avisado habrá localizado ya el punto a dilucidar de la argumentación que llevamos enhebrada:

-Usted habla aquí continuamente de falsedad, cuando nuestro benemérito Govern sostiene que solo se ha producido «un error material» en la publicación en el BOIB.

Vamos con ello, y sin salirnos del Decreto que exalta a Cladera y Rosario Sánchez. Entre los «errores materiales» detectados y publicados se hace constar que «En la versión castellana, donde dice ‘Disposició final vintena’, debe decir ‘Disposición final vigésima’». Desde luego, equivocarse esporádicamente de idioma es un «error material». Ahora bien, suprimir de un plumazo que «El personal funcionario del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de les Illes Balears se integra en el cuerpo de intervención y auditoría de la comunidad autónoma de les Illes Balears», no es eliminar una errata, sino cambiar radicalmente una disposición final consagrada a beneficiar a políticas concretas, tras las protestas y la presión ejercida por los profesionales afectados.

A partir de aquí, la inevitable intervención de la Oficina Anticorrupción desvelará el misterio de la mano negra, hacker o pimpinela escarlata que ascendió a Cladera y Rosario Sánchez de auditoras a interventoras. También deberá decidir si la eliminación de 34 palabras es un «error material» o una carnicería textual. Y seguro que actuará con la misma probidad y contundencia que en el escándalo de los ladrones de vacunas.

No nos ha quedado espacio para el segundo acto de Cladera, mucho más suculento. Iberostar pagaba 50 mil euros en 2016 por dar nombre a Son Moix, y la cifra le parecía lógicamente excesiva a la firma turística, que remoloneaba y canceló tras el descenso del año siguiente. El Consell paga al club privado veinte veces más por temporada con fondos públicos, y debe aclarar si ha tomado la precaución de un abaratamiento por descenso. Aunque tal vez nos encontremos ante otro «error material» a corregir.

Reflexión dominical refrigerada: «Los locales sin aire acondicionado agradecen el Decreto que lo prohíbe».

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