La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, insiste en que la creación de un cuerpo de interventores y auditores de la Comunidad Autónoma «no supone un ascenso ni más sueldo para nadie que se integre en este cuerpo».

Garrido se refiere a la petición de comparecencia presentada por el PP al considerar que el decreto para la reducción de la temporalidad supone una mejora para la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez. Según advirtió el PP esta semana a raíz de una noticia de este diario, el decreto preveía la equiparación del cargo de auditor de la Sindicatura de Cuentas —plaza que tiene Sánchez— al de interventor, lo que en la práctica, en el momento de regresar la consellera, supondría una mejora.

«No ha habido ninguna mejora, ni ninguna presunta mejora», afirma la consellera. «El cuerpo se crea para una serie de funcionarios, cada uno con sus funciones y sus salarios. Crear un cuerpo no significa unificar las tareas que se desarrollan en este cuerpo», asegura.

Sin embargo, Garrido reconoce que en un primer momento se incluyó la Sindicatura en la creación del cuerpo de auditores e interventores de la CAIB, pero que finalmente se subsanó y se corrigió, por lo que, insiste, «el punto de partida del PP es falso». Apunta, además, que el error de la Sindicatura estaba «solo en uno de los artículos». De este modo, recalca, el texto que se aprobó no contempla que la Sindicatura de Cuentas se incluyera dentro del cuerpo de auditores e interventores de la CAIB.

Esta misma semana, Garrido asumió en primera persona la responsabilidad en el «ascenso» de Sánchez, y protegía a su compañera de partido y Govern después de que este diario publicara que el pasado junio, el Govern aprobó y publicó el Decreto Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública, donde se incluía en la disposición final segunda que «el personal funcionario de la escala de intervención que procede del cuerpo superior, así como el personal funcionario del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, se integra en el cuerpo de la intervención y auditoría de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Se llevaba a cabo una equiparación directa entre interventores y auditores de la Sindicatura, una situación que afectaba directamente a Sánchez y a la presidenta de Mallorca, Catalina Cladera, ya que ambas pertenecen a la plantilla del Síndic, así que se verían inmediatamente favorecidas en la igualación hacia arriba por Decreto.