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Diario de Mallorca

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Mallorca

Garrido asume la responsabilidad en el ‘ascenso’ de Sánchez para protegerla

La consellera de Función Pública habla de «error material» tras equiparar la plaza de auditora de la consellera de Hacienda al de interventora de la Sindicatura

Rosario Sánchez y Mercedes Garrido, en una imagen de archivo. MARÍA PEDRAZ

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, asume en primera persona la responsabilidad en el «ascenso» de la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, y protege a su compañera de partido y Govern después de que este diario publicara que el pasado junio, el Govern aprobó y publicó el Decreto Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública, donde se incluía en la disposición final segunda que «el personal funcionario de la escala de intervención que procede del cuerpo superior, así como el personal funcionario del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, se integra en el cuerpo de la intervención y auditoría de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Esto significaba que se llevaba a cabo una equiparación directa entre interventores y auditores de la Sindicatura, una situación que afectaba directamente a Sánchez y a la presidenta de Mallorca, Catalina Cladera, ya que ambas pertenecen a la plantilla del Síndic, así que se verían inmediatamente favorecidas en la igualación hacia arriba por Decreto.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament, Núria Riera, registró en la Cámara balear la petición de comparecencia urgente de la consellera de Hacienda por firmar el decreto, y afirmó que «si Juli Fuster tuvo que dimitir por firmar una resolución que beneficiaba a su hija, aquí nos encontramos con una consellera que se autobeneficiaba, así que queremos escuchar todas las explicaciones».

En este sentido, insiste en que es una «irregularidad tremenda desde el punto de vista de la Ley de incompatibilidades», porque «un alto cargo no puede firmar un decreto ley en el que se beneficie a uno mismo en su propia plaza», y recuerda que este decreto estuvo publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) durante 15 días: «Son dos semanas en las que el Consell de Govern no ha rectificado hasta que, debido a las presiones de los propios interventores y de la Sindicatura de Cuentas, se ha visto obligado».

Desde la conselleria de Garrido explican que se cometió un error con el texto que se publicó, «que en ningún caso era el aprobado por el Consell de Govern, y el texto publicado sí recogió equivocadamente esta referencia a la sindicatura». En este sentido, argumentan que se corrigió «inmediatamente», llegando el decreto ley a su validación en el Parlamento con la equivocación resuelta: «Si no hubiera sido un error material, el decreto ley no se habría podido corregir por esta vía y se tendría que haber hecho a través de la tramitación parlamentaria».

«Sánchez no se ha beneficiado de ninguna modificación en relación con las plazas de auditores de la Sindicatura y mucho menos que ella lo haya promovido. De hecho, en caso de haber hecho la integración del cuerpo de auditores de la Sindicatura, tampoco suponía ningún beneficio para Sánchez», replican.

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