El Govern culminó el pasado diciembre la expropiación temporal de dieciséis pisos vacíos a grandes propietarios, pero en lugar de cederlos al IBAVI para incorporarlos al parque de vivienda pública y alquilarlos a familias vulnerables, el Ejecutivo ha optado por ceder una parte de ellos a entidades sociales a través de convenios con ayuntamientos del archipiélago. 

Tal como ha explicado el conseller de Vivienda y Movilidad, Josep Marí, la necesidad de hacer reformas en estas viviendas ha impedido firmar con las familias los contratos de alquiler de hasta siete años de duración que marca la ley estatal, por lo que su departamento ha considerado que la mejor opción era cederlos a entidades que trabajan con colectivos vulnerables. Una parte de estos pisos ya están ocupados.

Finalmente solo dieciséis viviendas de las 56 que inicialmente formaron parte del expediente de expropiación pudieron ser declaradas habitables.