A pesar del las intenciones continuas de llegar a un acuerdo por parte de las CCOO, las negociaciones del convenio se han visto paralizadas por la “actitud intransigente y dilatoria de las patronales” ha explicado responsable de negociación colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS), Jesús Cabrera. Por ello, se han reunido con las delegadas y delgados del sector de la dependencia para analizar los aspectos del convenio y vigilar el cumplimiento por parte de las patronales respecto la subida salarial. Este convenio afecta a 300 000 trabajadores a nivel estatal del sector de Atención a la Dependencia, que incluye centros de día, residencias, teleasitencia y ayuda a domicilio, y a 3106 afiliados en Baleares.

Las tablas salariales no fueron actualizadas por las asociaciones empresariales a pesar de establecer el incremento del 6’5% impuesto en el convenio. Por ello la FSS decidió denunciar este incumplimiento en junio frente la Audiencia Nacional (AN) que falló a favor de esta subida salarial para los trabajadores del sector de dependencia. A pesar de la sentencia, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha decidido presentar un recurso de casación contra la resolución: “No se conforman con con no cumplir el convenio, sino también incumplir la sentencia de la AN” ha denunciado la responsable de Sectores sociosanitarios, Medio ambiente y Salud laboral de la Federación de Sanidad de CCOO , Irene Álvarez. Así, han decidido solicitar que lleve acabo la ejecución del fallo judicial publicando las tablas salariales en el BOE. Por otra parte, están “tomando nota de la forma de proceder” de las distintas empresas cumplidoras respecto al pago de las nóminas y de los retrasos.

El convenio incluye una actualización salarial que debe cumplirse mientras exista una negociación, concretamente la tabla salarial se modifica acorde al IPC real del año anterior. Sin embargo, las patronales se negaron a cumplirlo alegando que el dato del PIB era provisional, lo mismo hicieron en marzo cuando se agarraron “sin ningún soporte jurídico” a utilizar el mismo criterio del IPC medio que utilizó el Gobierno para las pensiones: “Esto es una falacia porque siempre se ha utilizado el dato del IPC real”. Esta situación ha provocado que “aquellas trabajadoras que lo dieron todo [en la pandemia] no tuvieran ninguna subida salarial en 2020 y 2021, esto supone una congelación total del sueldo” ha explicado Irene.