El juicio por el caso Cursach se retomará el próximo 10 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares después de que este viernes hayan finalizado las declaraciones de los 17 acusados.
Así lo ha comunicado la presidenta del Tribunal, la jueza Samantha Romero, al Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, abogados de la defensa y procesados una vez que han acabado las declaraciones previstas para este viernes, la de los policías Tomás Mas y Daniel Montesinos.
Los policías locales Tomás Mas y Daniel Montesinos han negado dar preavisos de inspecciones a locales nocturnos y han subrayado irregularidades en la instrucción judicial. El primero que se ha sentado ante el Tribunal ha sido Tomás Mas, para quien la Fiscalía pide una multa de 18 meses con una cuota diaria de 60 euros por un delito de revelación de secretos.
Mas, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha afirmado que "nunca" ha dado aviso a nadie. En concreto, le han preguntado sobre un local de El Arenal, sobre el que el agente ha indicado que no conoce al dueño. "No puedo darle aviso si no lo conozco".
Además, Mas ha recalcado que a pesar de estar suspendido, no tenía acceso a informes de la Patrulla Verde. En este sentido, ha resaltado que cada unidad, dentro de la Policía Local de Palma, trabajaba de forma "hermética e independiente".
Seguidamente, el letrado le ha interrogado sobre un expediente que Tomás Mas abrió a un compañero agente. En este sentido, ha defendido que dio cuenta de unos hechos después de pensárselo durante un tiempo, pero finalmente el fiscal Miguel Ángel Subirán lo paró, "como infinitas otras cosas", y finalmente el policía no fue sancionado, ni él fue llamado para declarar.
En cuanto a las declaraciones en la fase de instrucción del caso Cursach, Tomás Mas ha aseverado que se sintió "intimidado" por el fiscal Subirán "en todas" las veces que compareció. "No sé por qué motivo me tenía esa inquina".
A continuación, el agente Daniel Montesinos, integrante del Grupo de Acción Preventiva (GAP), ha negado haber dado preaviso de alguna inspección a establecimientos. La Fiscalía le atribuye delitos de cohecho pasivo continuado, coacciones, revelación de secretos y amenazas condicionales, hechos por los que pide ocho años de cárcel.
Durante su relato, el policía local, que ha indicado que entró en el Cuerpo Municipal en 2005, ha descrito su labor como agente en el GAP y ha justificado que algunos establecimientos de la zona de Gomila cerraran antes de hacer inspecciones porque las reuniones de policías se realizaban "a escasos metros de estos y podían ser vistos perfectamente".
Montesinos ha destacado el acoso por parte de un superior y ha señalado al grupo de "Los honrados" --nombrados así en la fase de instrucción-- incorporaban carteras perdidas cuando hacían operaciones contra carteristas. Además del 'mobbing' por parte del superior, el agente ha sostenido que también lo sufrió por parte de este grupo.
Su abogado también le ha interrogado sobre el careo con El Ico en fase de instrucción ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Subirán, y ha asegurado que no lo conocía.
"Me acusaba de que yo le había comprado dos kilos de drogas a cambio de dos pistolas, que tomaba drogas con él. Le dije al juez que me hicieran prueba de drogas, que yo no había tomado nada en mi vida", ha sostenido, para después afirmar que El Ico empezó a llamarlo de otro modo por el nombre de Vallecillo: "Yo no entendía nada".
Seguidamente, el Tribunal ha preguntado a las diferentes partes sobre los testigos y peritos, cifrados en 355. Uno de ellos será el ex alcalde de Calvià Carlos Delgado, que testificará a propuestas del abogado de Bartolomé Sbert, 'mano derecha' de Cursach.
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
