El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo parlamentario de Vox contra la Ley de educación de las Islas Baleares que elimina el carácter vehicular del castellano al fijar como principio general del sistema educativo autonómico "la construcción de un sistema plurilingüe que tenga como eje vertebrador la lengua catalana".
Se trata del recurso formulado contra los artículos 3.1.u) y w); 6.2.a) y 1); 60.i);111; 122.2; 123.3.h) y m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación balear, según ha informado este miércoles la corte de garantías en un comunicado.
Vox señala como inconstitucionales los artículos que fijan como "principios generales" del sistema educativo balear "la construcción de un sistema plurilingüe que tenga como eje vertebrador la lengua catalana" y "la coeducación, la igualdad real entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género y la prevención de la violencia machista".
Los de Santiago Abascal consideran que la norma autonómica "pone en riesgo" el sistema educativo porque, a su juicio, "priva" al castellano de su condición de lengua vehicular, por lo que no ofrece una "enseñanza de calidad que evite las desigualdades, respete los derechos fundamentales y garantice la inclusión educativa de todo el alumnado".
El partido político también ve una ideología de género en la nueva ley educativa que escapa a la "neutralidad exigible a la comunidad autónoma" y adopta una "postura ideológica" exigible al evaluar al alumno.
Además, Vox denuncia la "prohibición" de la educación diferenciada "por excluirla de la financiación pública" y señala que los padres que necesiten un apoyo educativo específico para sus hijos pasen a tener la "obligación" de llevarlos a "centros ordinarios de titularidad pública" y no a centros especiales.
Sin consenso
La ley, la primera educativa de Baleares y propuesta por el Govern de la socialista Francina Armengol, salió adelante sin el consenso de la mayor parte de la oposición, principalmente en relación al modelo lingüístico y otras discrepancias en torno a la elección de centro y el tratamiento de la enseñanza concertada.
La norma balear blinda el conocido como 'decreto de mínimos', que establece un mínimo del 50 por ciento de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir el resto.
Precisamente, desde la oposición, incluido Vox, reprocharon al Govern que la ley naciera sin recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en castellano en el modelo de Cataluña.
