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Política

Radiografía del Parlament balear: mucha iniciativa, menos consenso

En un estudio sobre los últimos 40 años se detalla que alrededor del 83% de los proyectos de ley provienen del Ejecutivo - La Cámara autonómica, entre las más productivas

El promedio de apoyo a la ley sufre una caída a medida que se van dejando atrás los años de la Transición CAIB

Los últimos 40 años del Parlament balear se han caracterizado por la gran cantidad de iniciativas presentadas y el bajo consenso respecto a otras Comunidades Autónomas. Una extensa investigación de los catedráticos de la Uned Xavier Coller y Antonio M. Jaime-Castillo detalla que las regiones han aprobado un total de casi 7.360 leyes en este periodo, una media de 613 por legislatura. Alrededor de un 83% son proyectos de ley que provienen del Ejecutivo y un 17% son proposiciones de ley iniciadas en la Cámara correspondiente. Una de las conclusiones principales es que la tarea legislativa se concentra en la mayoría de casos en enmendar, aprobar o tumbar la legislación que propone el Ejecutivo.

Las cámaras más productivas son las de Navarra (88 leyes por legislatura), Cataluña (61) y Aragón (49). Justo después va Balears, con casi 44 leyes por mandato. Las menos productivas son las de La Rioja (25), Asturias (28) y Andalucía (31). 

En esta clasificación influyen elementos importantes como la duración de la legislatura a la naturaleza del Gobierno (monocolor o de coalición, novel o experimentado), el nivel competencial o el cambio de mayorías parlamentarias y de gobierno. Por término medio, una ley autonómica es aprobada con la oposición de sólo el 16% de sus señorías.

La media de apoyos que suele recibir una ley en los parlamentos autonómicos puede considerarse alto ya que se sitúa en torno al 84% de los votos emitidos. Un punto interesante es que, según argumentan los autores, el promedio de apoyo a la ley sufre una caída a medida que van pasando los años de la Transición. El punto más alto de acuerdo está en la primera legislatura autonómica (con promedios en Aragón y La Rioja que llegan al 97% de apoyo) y el más bajo en 2012 (con un apoyo promedio del 72%). Segundo, a partir de 2012, y en un escenario cada vez más multipartidista, el grado de acuerdo asciende a cotas de alrededor del 83% hasta 2021. Por ello, afirman: «Asistimos a relaciones políticas broncas (en las autonomías y en la política estatal), pero a la hora de la verdad, hay más acuerdos que desacuerdos».

Entre los temas que suscitan más entendimiento están los relacionados con jóvenes, infancia, comercio, industria, turismo, energía o igualdad. En el otro lado, las que menos apoyo reciben suelen ser las leyes sobre economía, hacienda, financiación y empleo.

Para relativizar los datos y equilibrar la balanza de las mayorías absolutas, un indicador importante es el grado de inclusividad que tiene un Ejecutivo o grupo parlamentario dominante para incorporar a la ley puntos de vista, intereses y objetivos de los rivales políticos, de manera que se traduzca en un apoyo directo o indirecto (abstención). La inclusividad más alta se encuentra en Navarra (0,8), Cataluña (0,8) y País Vasco (0,9). Las menos inclusivas con los rivales políticos son las cámaras de Galicia (0,45), Madrid (0,5) y Valencia (0,6). Balears, en este ranking, se sitúa en la parte media, entre el 0,7 y el 0,8.

Uno de los problemas principales, apostillan, es que los acuerdos suelen quedar en una segunda posición frente a otras noticias y esta realidad no acaba llegando a la ciudadanía, que percibe la política de una manera distorsionada: «Existe la percepción de que la política española no es precisamente la arena en la que se fomenta la cooperación y el acuerdo entre los rivales. Probablemente, esta percepción esconda realidades poco conocidas o exploradas» 

En el estudio, que aún sigue su curso con el objetivo de afinar lo máximo posible cada dato, concluye: «A pesar de la polarización afectiva, en términos comparados no puede afirmarse que las preferencias por políticas públicas se hayan polarizado. Al contrario, los datos muestran una coincidencia notable en el apoyo a las políticas clásicas del Estado de bienestar, con diferencias modestas en función de la orientación partidista. Observamos en los parlamentos autonómicos una tensión entre esa teatralización del enfrentamiento político y la necesidad de legislar en consonancia con las preferencias de unos electores que no son tan opuestas, como puede ocurrir en otros países y a veces se nos puede hacer creer en España».

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