Un acusador público paseaba exultante el jueves por Palma, intoxicando con sigilo sobre la anulación del juicio del caso Cursach que daba por garantizada. Por tanto, y aparte de las condolencias a una fiscalía que solo acusa a los políticos equivocados, habrá que resaltar que la normalidad del tribunal de la Audiencia al continuar con los trabajos es heroica. El coraje en el elemental cumplimiento del deber contrasta con la cobardía mayoritaria del engreído Tribunal Superior en el mismo caso.
Un somero examen de los semblantes taciturnos en la Audiencia confirma que había más de un convencido de la anulación. Mientras el tribunal acomete el esfuerzo ingrato de mantener una semblanza de poder judicial, desde el compromiso social y el aislamiento también social que ha enmudecido a los sabelotodo anuladores, parece mentira que un excelente estratega salvaje como Cursach se haya dejado aconsejar tan mal y tan caro.
Retrocedamos en busca de apoyo psicológico a la comisión parlamentaria de investigación de Son Espases. La diputada Fina Santiago le pregunta a Cursach por qué compró oportunamente una finca de 14 millones de euros, junto a la parcela del hospital. El magnate replica:
-¿Quién se acuerda de lo que hizo hace trece años?
-Son muchos millones de euros, yo me acordaría.
-Usted, sí.
Cuando te olvidas de inversiones de catorce millones de euros que hoy serían más de veinte, no puedes entender que un tribunal se atreva a juzgarte. El poder relativo es una petición de penas ridícula, o una sentencia testimonial. La absolución debería ser el objetivo pero el poder real, absoluto, supremo, definitivo es la anulación de todo lo actuado. Borradlo de vuestra memoria.
Por eso, la naturalidad del auto del tribunal afrenta también a los cómplices extrajudiciales de los acusados, empezando por todos los partidos políticos que ratonean sin excepción. El problema nunca fue si Cursach y el presunto «grupo criminal» que encabeza sin ser el principal acusado son inocentes, una cuestión que la espabilada sociedad mallorquina sentenció hace más de trece años. El dilema era si podría juzgarse al magnate, un desenlace sobre el que existían dudas más que razonables. Igual que sucede con Juan Carlos I, ya que estamos.
El problema nunca fue si existía una mafia de la Policía Local de Palma admitida por alcaldes tan moderados como Mateo Isern, sino si podía actuarse al respecto como no ha hecho desde luego el PSOE de Cort. Y según recuerda el tribunal, la apertura de juicio oral no es una decisión de los satanizados Penalva/Subirán sin ninguna condena en contra, sino del juez Enrique Morell. La banda se concentró en el caso secundario, sin reparar en que antes tenía que ganar el principal.
