Tres técnicos de la Autoritat Portuària de Balears (APB) negaron ayer ante la jueza que la adjudicación al Club Náutico de Ibiza fuese amañada. En sus declaraciones como investigados, todos coincidieron en señalar que el procedimiento fue legal y que no hubo presiones de ningún tipo para resolverlo en un sentido u otro. También señalaron que la controvertida inclusión del arraigo entre los criterios de valoración fue por el «interés social» al que ya apeló el expresidente de la APB, Joan Gual de Torrella, en su comparecencia judicial por este asunto, y al «consenso» político que había sobre esta cuestión.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que investiga el llamado caso Puertos, interrogó durante varias horas al exjefe del área de gestión de la APB, Fernando Berenguer; el jefe de explotación del organismo, Armando Parada; y el técnico Jorge Martín. Ninguno de ellos admitió haber cometido irregularidad alguna en el proceso abierto en 2016 que culminó con la adjudicación de la explotación del puerto deportivo a favor del Club Náutico de Ibiza. Según defendieron, el hecho de que en lugar de un concurso se llevara a cabo mediante un procedimiento de competencia estaba contemplado en la legislación.
Los tres investigados rechazaron que los criterios de valoración de este proceso administrativo se hicieran a medida del Club Náutico para que fuera el único competidor con posibilidades de adjudicárselo. Según dijeron, la inclusión del arraigo en la isla como criterio generó algunas dudas en la comisión técnica, pero acabó incluyéndose al no apreciar ninguna irregularidad en ello. Esta decisión partió de una reunión entre Gual, el director de la APB, Juan Carlos Plaza, y la Abogada del Estado María Dolores Ripoll, como ellos mismos admitieron el martes ante la magistrada.
Berenguer, Parada y Martín incidieron ayer en que existía un «consenso» político en mantener a una entidad como el Club Náutico de Ibiza por un «interés social», con el que evitar que los precios de los amarres se dispararan si su gestión acababa en manos de un fondo buitre o una gran empresa cuyo principal objetivo fueran los beneficios económicos. Sin embargo, los tres investigados que declararon ayer aseguraron a la jueza que el procedimiento se llevó a cabo sin presiones ni injerencias y mantuvieron en todo momento que fue una adjudicación correcta y legal.
La magistrada continúa tomando declaración a los investigados en esta pieza del llamado Caso Puertos, en el que se analizan posibles irregularidades en diversas adjudicaciones de la APB durante el mandato de Joan Gual de Torrella. La jueza tiene previsto interrogar hoy al exvicepresidente del organismo Miguel Puigserver y el fundador de 12 Millas, la asociación que optaba también a ganar el concurso, Javier Enríquez.
