El Govern balear está muy lejos del nivel mínimo de contratación social que se exige a sí mismo por ley. Entre julio de 2017 y marzo de 2022 adjudicó únicamente el 0,48% de todos los contratos públicos a entidades de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social pese a que su propia normativa le obliga a llegar al 3%. El valor total de estos contratos fue de 6.133.303 euros, según ha analizado la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Balears (REAS) tras la publicación en el portal de transparencia del Govern de toda su actividad contractual en los últimos cinco años.
Asimismo, el análisis estadístico presentado ayer por REAS ha puesto de manifiesto que algunas de las entidades adjudicatarias tienen un ánimo de lucro, lo que también supone un incumplimiento de la normativa autonómica.
Por otro lado, la totalidad de estos contratos reservados para programas de ocupación protegida se adjudicaron a entidades que trabajan con personas con alguna discapacidad física o mental, por lo que se quedaron fuera empresas enfocadas en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.
En conjunto, REAS ha analizado más de dieciséis mil contratos públicos adjudicados entre 2017 y 2022 por un importe de casi tres mil millones de euros. De ellos, solo 77 se formalizaron para programas de ocupación protegida, el 0,48%. El importe de estas adjudicaciones sociales fue de algo más de seis millones de euros, el 0,21% del total.
«Si tomamos como referencia el objetivo de llegar al 3% de contratos sociales asumido por el Govern, solo se ha conseguido alcanzar el 7,1% de ese objetivo», señaló Jordi López, de REAS Balears. «Nos hemos quedado muy lejos de la meta del 3%, seguramente porque ese porcentaje era poco realista. Y tampoco se han desarrollado políticas públicas para favorecer que se alcanzara ese objetivo más allá de aprobar la normativa», añadió.
Un acuerdo del Consell de Govern de 2016 fijó un porcentaje de reserva del 3% de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción para allanar la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Posteriormente, en enero de este mismo año, el Ejecutivo balear aumentó ese umbral al 10% en determinados casos.
Hubo una tendencia «positiva» en 2018 y 2019, y una caída en 2020 atribuible a la pandemia. Pero en 2021 no se recuperaron los niveles anteriores. «La mayor parte de contratos fueron para trabajos relacionados con servicios de portería, aparcamiento, imprenta o mantenimiento de jardines», indicó López.
Del análisis estadístico de REAS se desprende que algunas de las 77 empresas adjudicatarias no cumplían el requisito de ser de iniciativa social y algunas de ellas tenían un objeto lucrativo, lo que supone un incumplimiento de la normativa del Govern. «Con la normativa anterior a 2017 los centros de ocupación especial lucrativos podían acceder a la contratación pública, y había una inercia con la que han seguido muchas consellerias. Pero sucedió sobre todo al principio. De hecho, con la normativa de 2022, se especifica que hay que comprobar que se cumpla con este requisito», subrayó López.
Contratos diferenciados
Otro dato llamativo es que la totalidad de esos contratos ha sido adjudicado a centros de ocupación para personas con discapacidad, por lo que estos cinco años se han quedado fuera las empresas de inserción para personas en riesgo de exclusión social. «La ley dice que los contratos reservados tienen que favorecer a ambos colectivos», indicó López. «El problema es que no compiten en condiciones de igualdad salarial porque las ofertas económicas que presentan las empresas de inserción son superiores porque pagan sueldos más elevados. Es muy importante que se hagan contratos reservados diferenciados para empresas de inserción y para centros de ocupación», reclamó este representante de REAS.
Las consellerias que más han contratado con estas entidades son las de Asuntos Sociales y de Medio Ambiente. Por contra, las de Hacienda, Administraciones Públicas y Movilidad presentan datos muy bajos de contratación.
