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Diario de Mallorca

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El servicio de justicia gratuita atiende unas 80 peticiones cada día

Martín Aleñar reclama una modificación de la ley

El decano Martín Aleñar junto a la coordinadora del turno de oficio, Carmen López. J.F.M.

El servicio de justicia gratuita está cada vez más reclamado en Balears. Esta asistencia que ofrece el Colegio de Abogados de Balears, con su decano Martín Aleñar al frente, tramita una media de 80 peticiones diarias. Son expedientes que se tramitan, o bien para ofrecer asistencia jurídica a un ciudadano que no puede pagar un abogado particular, o la defensa de una persona que ha sido detenida. El objetivo es garantizar el derecho a que toda persona esté asesorado por un abogado frente a la justicia.

Este servicio que ofrece el colegio de Abogados de Balears lo coordina la letrada Carmen López. Es la encargada de organizar el trabajo de los más de 750 abogados de las islas que garantizan el acceso y defensa de los ciudadanos cuando se ven implicados en un proceso judicial.

Esta buena coordinación del servicio se ve enturbiada por la falta del compromiso de pago por parte del Ministerio de Justicia, que es el que debe abonar los servicios de los abogados que pertenecen al turno de oficio. Estos profesionales, según señaló Aleñar, llevan tres meses de retraso en el pago. Los abogados se quejan de la baja retribución que reciben cuando actúan de oficio. La media por cada caso, desde que lo empiezan hasta que lo acaban, es de 150 euros.

Martín Aleñar aboga por modificar la normativa nacional que regula esta asistencia gratuita, si bien se muestra pesimista porque no se trata de una prioridad para el Ministerio de Justicia. El decano se quejó de las dificultades que plantea el Ministerio a la hora de pagar los servicios de un abogado que ha sido llamado por un juez, para que defienda a un detenido que carece de defensa particular. Carmen López explicó que a muchos de estos detenidos, sobre todo extranjeros, no vuelven a tener ningún contacto con el abogado, salvo la primera asistencia. Sin embargo, el Ministerio pretende que el abogado complete todo el expediente de justicia gratuita, que muchas veces es imposible por la oposición del detenido, e intente cobrar su servicio. La coordinadora cree que esta función debe cumplirla el Ministerio y no el profesional que asiste al detenido.

En cuanto a las cifras del pasado año, el Colegio de Abogados tramitó un total de 48.342 expedientes de justicia gratuita. Este porcentaje es muy parecido al del año 2019, ya que el 2020 no se utiliza como referencia al coincidir con el periodo de confinamiento, en el que descendió la actividad de la justicia gratuita. En los seis primeros meses de este año la tendencia de crecimiento de peticiones es muy parecida.

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