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Ibiza copia a Formentera para regular la entrada de vehículos en verano

Presenta un borrador de propuesta legislativa, que espera que entre en vigor en 2024, para limitar la llegada de automóviles durante el estío

Vista general de Ibiza, con Dalt Vila al fondo. J.A.RIERA

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, junto con el conseller de Gestión del Territorio e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, y el conseller de Transportes, Javier Torres, presentaron este lunes a las patronales, partidos políticos y agentes sociales el borrador de la propuesta legislativa impulsada desde la institución para regular la entrada de vehículos en la isla, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. Se trata, como admitió durante ese encuentro Francisco Buforn, jefe de los servicios jurídicos del Consell, de «una adaptación» de la Ley 7/2019, de 8 de febrero para la sostenibilidad medioambiental y económica de Formentera.

Como en el caso de la ley aprobada para la menor de las Pitiüses, el objetivo es «implantar limitaciones de acceso a la isla y establecer un techo en el número de vehículos que circulan durante el periodo veraniego, a fin de corregir la problemática derivada de la congestión del territorio insular en los periodos del año de más afluencia». Eso sí, aún no se han fijado ni ese techo ni las fechas concretas en las que se establecerán las limitaciones (del 15 de junio al 15 de septiembre en el caso de Formentera). «Una vez se tengan los datos actualizados, será cuando se concreten los cupos», avisa Marí, para quien «aún no es el momento de ese debate».

El presidente insular calcula que la ley podría estar aprobada en 2023 y, dada su complejidad, «entrar en funcionamiento en 2024». Su deseo es que «cuente con el máximo consenso, lo cual requiere un periodo de reflexión y de participación». Tras el verano se volverán a reunir con los actores sociales y económicos para «analizar los datos sobre cómo ha evolucionado la llegada de vehículos». Vicent Marí desea «empezar a controlar» el flujo de automóviles que «causa presión en el territorio» con una ley que permita «mantener el equilibrio de la isla». A su juicio, Ibiza «no puede estar congestionada, saturada, colapsada por la entrada indiscriminada» de turismos y motos, subraya el presidente insular. «No queremos -señala, no obstante- poner pegas para venir a Ibiza, pero sí que se haga dentro de un orden».

600.000 personas en 2036

Vicent Prats, responsable del departamento de Gestión del Territorio, aporta al respecto dos datos alarmantes. Primero, que Ibiza alcanzará los 200.000 habitantes en 2036, año en el que la punta de población en pleno verano llegará a los 600.000 individuos, entre residentes, trabajadores de temporada y turistas. Además, su departamento ha calculado el incremento de vehículos en plena canícula: unos 30.000, lo que supone un aumento del 15% del actual parque de vehículos de la isla. De ahí «la percepción de saturación». Han estudiado zonas como el entorno de sa Blanca Dona, donde el tráfico se duplica en verano.

Con esta legislación también se quiere poner orden en el ámbito del alquiler de vehículos: «No queremos que vengan empresas de rent a car para hacer el agosto y que no contribuyan a la economía insular», añade Marí.

La mayoría, recuerda, tributan en determinados municipios de la Península porque les resulta más rentable. Pero pagar allí el impuesto de circulación implica que los consistorios ibicencos dejen de recaudar «más de un millón de euros al año».

«El problema» de que haya un coche por habitante

Desde la asociación de vehículos de alquiler de las Pitiüses, integrada en la Pimeef, se aprecian tanto aspectos positivos como negativos en el borrador presentado ayer. Por una parte, su presidente, Juan Cárdenas, considera que los ‘rent a car’ de la isla «no son el problema», sino que es «otro transporte el que colapsa» las carreteras: el de los propios habitantes. Hay, recordó, casi un vehículo por cada persona. El parque automovilístico de Ibiza alcanzó en 2021 las 154.454 unidades. Por otra, afirma que «no se puede permitir» que las empresas de alquiler foráneas desembarquen «en julio y agosto tanto volumen» de turismos. Este año, señala, las flotas de Ibiza estarán por debajo de las de 2019, cuando llegaron a las 24.000 unidades. Lo que tiene claro Cárdenas es que «hay que hacer algo» para evitar el colapso de la red viaria. Y si al gerente de la patronal hotelera, Manuel Sendino, le parece «una buena iniciativa», al gerente del Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, le «encanta», pues será «un antes y un después» para la isla: «Es una medida muy valiente. Espero que todos los partidos políticos la apoyen».

LAS CLAVES

  1. Techo máximo. Con carácter anual o bienal, el pleno del Consell deberá establecer el techo de vehículos que podrá circular por la isla en los periodos de limitación, «por días y con solicitud previa de los interesados». Se favorecerán «los motores no contaminantes».
  2. Lector de matrículas. El Consell creará un distintivo para identificar tanto a los vehículos exceptuados del régimen de prohibición como a los que estén acreditados previo pago. Unos «sistemas automatizados de lectura de matrículas» controlarán que nadie se salte la norma.
  3. Los ‘rent a car’, en el objetivo. Las medidas restrictivas «pueden afectar especialmente a los vehículos de alquiler, dado que son estos los que tienen más incidencia en la saturación de la red viaria isleña», se afirma en el texto.
  4. Verificación de las navieras. Las navieras estarán obligadas a informar a los pasajeros de las limitaciones establecidas y a «verificar, en el proceso de embarque de los vehículos con destino a Ibiza, que sus usuarios disponen de la acreditación para circular en la isla».
  5. Exceptuados los residentes. Como en ocurre actualmente en Formentera, quedarán exceptuados de la prohibición los vehículos cuyos titulares sean residentes en Ibiza.
  6. Sanciones de 300 a 30.000 euros. También detalla una serie de sanciones que van desde los 300 euros para las infracciones leves, a los 30.000 euros para las infracciones que son muy graves. 
  7. Límitación de acceso a espacios sensibles. El texto incluso propone limitar el acceso a espacios medioambientalmente sensibles para «evitar que se produzcan daños o aglomeraciones en vías públicas o espacios determinados con valores naturales, patrimoniales o paisajísticos, o que la concentración de vehículos pueda poner en riesgo las medidas de evacuación de las personas».

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