La constructora del segundo cinturón de Palma, del tramo comprendido entre Son Ferriol y la autopista de Inca con el acceso al Pla de na Tesa con un coste de 14,9 millones, reclama al Consell de Mallorca casi un millón de euros más en concepto de daños y perjuicios. Las obras se retrasaron cerca de un año y la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por FFC-Amer, que las ejecutó considera que son causas ajenas a la empresas e imputables al Consell. No obstante, la administración insular se niega a aceptar esta versión y también a indemnizar a la constructora.
Las obras concluyeron en enero de 2016, pero las negociaciones y el conflicto han durado hasta enero de este año en que la empresa constructora presentó un escrito formal de reclamación por daños y perjuicios, previa a la interposición de recursos judiciales, y el Consell se ha visto obligado a pedir un informe del Consell Consultiu para saber si debe hacer frente a la indemnización o puede seguir denegándola.
El alto órgano jurídico ya ha emitido un primer dictamen y da un tirón de orejas al Consell apuntando que faltan informes técnicos. Por ello pospone la decisión a que el departamento de Carreteras aporte estos informes y que sí ha presentado la constructora enumerando y valorando los daños sufridos por los retrasos en las obras.
Uno de los primeros argumentos de la constructora, según contempla el dictamen del Consultiu, es que el Consell tardó más de siete meses en recepcionar la obra, del junio de 2015 a enero de 2016. Ello le llevó un perjuicio económico de personal, vigilancia y mantenimiento. Sobre ello, los técnicos de Carreteras del Consell mantienen que en la fecha la que la empresa anunció que las obras estaban terminadas faltaban remates y pruebas por realizar y por ello se retrasó la recepción. «La recepción no se pudo realizar, por falta de documentación que debía aportar la UTE, el que llevó a la fecha final fue debida a que los ensayos de CRT no dieron resultado positivo hasta que la UTE presentó el 8 de enero de 2016 el ensayo favorable», afirma el informe de los técnicos de Carreteras.
Falta de terrenos y trazados
La constructora presentó ante el Consell un escrito en enero de 2022 aclarando los motivos del retraso: «Existían diversas deficiencias en el proyecto que obligaron a actualizar su definición. Estas indefiniciones son imputables al Consell, que es quien a través del correspondiente contrato con una ingeniería redacta el proyecto de construcción (la UTE solo tenía el encargo de definir las estructuras e incluir mejoras, no rehacer el proyecto completo)». También acusa al Consell de que en el momento de realizar las obras «faltaban permisos del ayuntamiento de Palma para entrar en parcelas al no existir convenio, cosa que solo podía hacer el Consell. Los retrasos derivados de esta causa son imputables al Consell, no a la UTE».
Las desavenencias entre constructora y el departamento de Carreteras subieron de tono a raíz del informe presentado ante el Consultiu por parte de la empresa: «Lo que no debió hacer el Consell es licitar la obra si no estaba totalmente definida y contaba con todos los terrenos y convenios para ejecutarla en condiciones», apostillan. Por todo ello consideran que deben ser indemnizados con 930.077 euros.
En noviembre de 2021, el Consell emitió un decreto desestimando la reclamación de la constructora «dada la falta de justificación acreditativa de los daños efectivamente sufridos por la UTE» del segundo cinturón.
