Ocho personas han sido ayudadas a dejar esta vida en Balears a lo largo del último año por padecer «una enfermedad incurable que les provocaba un sufrimiento inaceptable sin nada que lo pudiera mitigar», ha subrayado hoy la subdirectora de Humanización, Atención al Usuario y Formación del IB-Salut, Rosa Duro, durante el balance del primer año en vigor de la prestación de la eutanasia que se incluyó en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud el 25 de junio de 2021.

Un balance anual en el que Yolanda Muñoz, presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación que decide qué solicitudes de eutanasia finalmente se llevan a cabo, ha resumido que han recibido un total de diecisiete peticiones de las que trece fueron finalmente aceptadas.

Estas trece solicitudes habían sido cursadas por 7 mujeres y 6 hombres con edades comprendidas entre los 28 y los 93 años y, por isla de procedencia, nueve eran de Mallorca, una de Menorca y tres de Eivissa y Formentera.

Aunque, por diversas causas, tan solo ocho de esas trece personas han sido ayudadas a morir en este año con la prestación en vigor: han sido cuatro mujeres y cuatro hombres y cinco de estos solicitantes procedían de Mallorca mientras que los tres restantes residían en las Pitiüses.

Yolanda Muñoz ha añadido respecto a las patologías que padecían los solicitantes que fundamentalmente eran enfermedades neurodegenerativas, oncológicas o procesos que generaban dependencia y cuyo diagnóstico ya provocaba un gran sufrimiento y padecimiento.

Cinco de estas personas recibieron la prestación en sus domicilios particulares, dos en las residencias de ancianos que constituían su hogar actual y tan solo una decidió someterse a este proceso en un centro hospitalario.

Un día después de pedirla

En las cinco solicitudes a las que la Comisión de Garantías dio el visto bueno y finalmente no se han llevado a cabo, Muñoz ha detallado que han concurrido diversas circunstancias, desde una denegación del médico responsable del paciente que este finalmente decidió no recurrir ante la citada Comisión de Garantías, pasando por dos fallecimientos antes de que se llevara a cabo la prestación, uno de ellos el día inmediatamente posterior a realizar la solicitud, ha abundado su presidenta, hasta un caso que aún estaría pendiente de resolución.

La responsable de este órgano ha justificado que las previsiones de solicitudes que ofreció el Servei de Salut en el momento de ponerse en marcha la eutanasia [calculó que recibiría unas 80 peticiones anuales, 60 de ellas en Mallorca] hayan sido más de cuatro veces superiores a las reales (17) en que si esperaban que lo pidiera en torno al 1% de las personas que cada año fallecen en este archipiélago, los porcentajes han sido finalmente mucho menores. Detalló que han sido del 0,12% de las defunciones de Mallorca, del 0,17% de las de Menorca y del 0,33% de los fallecimientos registrados en Eivissa y Formentera.

Por su parte, Nacho García, director general de Prestaciones y Farmacia, ha destacado el trabajo realizado por Salud para ofrecer la prestación a los tres meses de ser aprobada una ley que, ha subrayado, «es muy garantista y para acceder a ella se debe cumplir al pie de la letra lo que dice la norma».

García, Fuster y Muñoz, al fondo, informaron a asociaciones de pacientes, gerentes e instituciones de las cifras del primer año. CAIB

El solicitante decide la fecha

Desde que la solicitud de una persona llega a la Comisión de Garantías hasta que finalmente se le presta ayuda para morir pasan unos dos meses de media (61,5 días). La presidenta de esta ha detallado que las solicitudes se resolvieron en una media de 35 días y que desde el dictamen hasta que se ofrece la prestación transcurren una media de 26,5 días. No obstante, Rosa Duro ha matizado que el Servei de Salut estaría en disposición de ofrecerla tan solo siete días después de su aprobación, pero que es finalmente el solicitante el que decide el día en que deja esta vida. En el proceso, que Duro ha definido parafraseando a una enfermera como «el mayor acto de libertad que he presenciado en una persona», participan cuatro profesionales: dos médicos y dos enfermeras.

Sin problemas con la objeción

El director general del IB-Salut, Juli Fuster, ha destacado por su parte el «excelente trabajo y el compromiso» de todos los profesionales que han permitido el funcionamiento de esta prestación con «toda normalidad» y ha subrayado que «no hemos tenido ningún problema con la objeción de conciencia».

Por su parte, el director general de Prestaciones ha recordado no obstante que la creación del registro de objetores está a la espera de la aprobación de un decreto regulador de la prestación que a su vez estaría pendiente de un dictamen del Consell Consultiu. Fuster ha revelado para concluir que unos 600 profesionales de las islas han sido formados para darla, algunos de ellos del ámbito sanitario privado y de las residencias de ancianos donde también se puede solicitar.