El problema de vivienda en Balears no parece tener fin, los precios son sumamente elevados y los que parecen asequibles, en muchas ocasiones no son accesibles. En este sentido, el Govern parece hallarse en busca de soluciones y ha decidido mover ficha. Así, ha llegado a un acuerdo con promotores y constructores inmobiliarios del archipiélago para subir el precio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y poder así incorporar hasta 15.000 viviendas privadas al mercado protegido.

Según explicó este viernes la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, se trata de hacer accesible la compra de vivienda a un sector de la población que no cumple los requisitos para adquirir un inmueble VPO, porque supera los ingresos exigidos, ni tampoco para poder comprar una vivienda de mercado libre, en este caso también por los ingresos, pero por ser estos insuficientes para tal fin.

¿Cómo conseguirlo? En las islas hay grandes bolsas de suelo destinadas a la VPO todavía sin edificar porque el precio no les resultaba rentable ni a los promotores, ni a los constructores. Hasta ahora. El importe máximo de venta para un inmueble de protección oficial era de 1.940 euros el metro cuadrado y gracias al acuerdo al que se llegó ayer pasará a ser de unos 2.340. 

Para que esto sea así, «se actualizarán al alza los módulos hasta un 23%, que es el equivalente a la subida de los materiales», detalló Armengol. Esto, por lo tanto, equivaldrá a incrementar el precio del suelo catalogado, lo que mejorará la rentabilidad y favorecerá la iniciativa privada. Cabe destacar que en el mercado libre el suelo supera en muchos casos los 3.000 euros el metro cuadrado.

Además, según explicó la presidenta del Govern, la actualización de los módulos «responderá a la calificación energética, algo que también favorecerá un ahorro en las facturas energéticas de las familias».

«Con estos precios se hace posible que los terrenos destinados a Vivienda de Protección Oficial puedan desarrollarse», apuntó el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, que junto a Armengol se reunió ayer con los representantes de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba). Cabe destacar que este acuerdo, en palabras de Marí «necesario par incorporar al mercado viviendas de estas características», será aprobado el próximo lunes en Consell de Govern.

«Vivienda para la clase media»

El presidente de la Asociación, Luis Martín, señaló que con esta alianza públicoprivada «estamos buscando una vivienda para la clase media» y que gracias a ella podrán incorporarse con los años unos 15.000 inmuebles al mercado protegido, 1.500 de los cuales lo podrán hacer casi de forma inmediata.

Puso de manifiesto, además, que este acuerdo supone «un primer paso» y que el segundo es «poder agilizar la tramitación urbanística», ya que, según explicó, el tiempo hasta que se aprueba la construcción de un inmueble con estas características puede alcanzar los siete años. Así, reclamó que se agilicen las tramitaciones «lentas, tediosas y complicadas» y que en el caso de los ayuntamientos «tienen un grave problema de tiempo».

El presidente de Proinba celebró que gracias a este «paso importantísimo» se pueda colocar en el mercado vivienda digna y asequible. Recordó, en este sentido, que los módulos son los precios máximos a los que se puede vender el suelo, un importe que estaba «desfasado» y desincentivaba la entrada de promotores privados en el mercado de las VPO.

Martín especificó que de las 15.000 viviendas que se espera que salgan al mercado, unas 9.000 estarán en Palma y su área metropolitana.