Rafael Escudero visitó ayer la isla para participar en la entrega de premios de un concurso que tiene como objetivo incentivar el consumo responsable entre los niños, Consumópolis 17, en un acto que se celebró en el Palma Aquarium.
Ustedes han elaborado un proyecto de ley que obliga a los servicios de atención telefónica de las empresas a atender las llamadas en un máximo de tres minutos y prohíbe que solo lo hagan robots automatizados. ¿Cuándo esperan que esta medida entre en vigor?
Hay que calcular un mes para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas, y luego se desarrollará la tramitación parlamentaria, que pretendemos que sea lo más rápida posible, de forma que el texto definitivo pueda entrar en vigor a finales de este año.
Supone un cambio radical. ¿Las empresas deberían comenzar a adaptarse ya?
Era una demanda que se venía produciendo desde hace años y las empresas son conscientes de ello. Tienen un plazo de adaptación, pero sería conveniente que comenzarán a prepararse ya. Tenemos plena confianza en que lo van a hacer.
¿No hay una doble vara de medir? Estamos exigiendo algo al sector privado que las Administraciones públicas no cumplen.
Desde el ministerio de Consumo lo que regulamos son las relaciones del consumidor con una empresa, y esta medida se va a aplicar también sobre las entidades en las que participa la Administración y realicen servicios, como podría ser Correos. Lo que no regulamos es cuando una persona actúa como ciudadano en sus relaciones con la Administración sanitaria o escolar, por ejemplo. Pero es cierto que nuestra voluntad es trabajar con el resto de Ministerios para que estos criterios se apliquen por igual a todos.
También impulsaron un cambio legal en relación a los teléfonos 902, exigiendo a las empresas que ofrecieran números gratuitos. Pero no se respetaron los plazos y se abrieron expedientes. ¿Eso puede suceder de nuevo?
Los contactos que hemos tenido con las empresas son positivos, y hay muchas, sobre todo las grandes, que consideran que sus estándares de calidad ya son superiores a los nuestros. Si se produjeran esos incumplimientos, y esperemos que no, ya sería competencia de las autoridades autonómicas de Consumo, que desarrollarán su labor de inspección y de sanción.
Hay sectores con una enorme reincidencia a la hora de recibir las denuncias de los consumidores, como las aerolíneas, la telefonía o las comercializadoras eléctricas. ¿No sería necesario desarrollar una actuación adicional en estos campos?
En el proyecto de ley de servicios de atención al cliente, por poner un ejemplo, lo recogemos expresamente. Las sanciones serán graves o muy graves cuando haya reincidencia en esa materia.
Pero para muchas grandes empresas el valor de esas multas resulta poco significativo. ¿No sería conveniente hacer públicos nombres y apellidos de las expedientadas para que asuman el daño reputacional?
En materia de consumo estatal requeriría una modificación de la ley para poder publicar las sanciones graves o muy graves. Así sucede ya en materia de juego, donde modificamos la legislación. No es un cambio que tengamos previsto a corto plazo, pero sí será objeto de estudio.
¿Qué falla para que permanentemente los servicios de inspección detecten productos peligrosos dirigidos a los niños?
Es un tema que se está debatiendo ahora mismo en el seno de la Comisión Europea, y España es muy activa en esta materia. Se trata de mejorar el reglamento de seguridad de productos, sobre todo cuando se venden en plataformas online. Lo que demandamos, y la posición española está muy respaldada por Alemania, es que esas plataformas tengan una responsabilidad más proactiva en la seguridad de los productos que colocan a la venta. Ahora la tienen de una forma quirúrgica, es decir, se detecta una alarma e inmediatamente el producto se retira. Nosotros buscamos que su función sea más de vigilancia de los productos que llegan, sobre todo cuando proceden de fuera de la Unión Europea.
Pero muchos de esos productos se encuentran en las tiendas bazar que hay en nuestras calles.
Ahí lo que necesitamos son más recursos de inspección y reforzarnos cada vez más en un mercado que es global, para garantizar los derechos de los consumidores. En todo, caso, creo que tenemos un nivel de seguridad de productos muy elevado.
Van a exigir a restaurantes y supermercados que no desperdicien alimentos. ¿Cómo se controla eso en un sector tan atomizado?
El proyecto de ley, que también ha entrado en el Congreso, lo que persigue no es tanto un objetivo sancionador, sino que tiene un carácter de promoción. Lo que se busca es que, básicamente en la restauración, se elaboren protocolos, guías de conducta, para ir reduciendo más ese desperdicio. Hay un marco sancionador, evidentemente, pero la prioridad es concienciar al sector y a los consumidores, para que vayamos con nuestro táper y que las sobras nos las llevemos a casa. Tenemos a punto de salir un decreto de comercio minorista, y en él buscamos fomentar que la gente vaya con sus propios envases a la frutería, a la pescadería... Es mejor una política de promoción que de represión. Hay que ser realistas y no se puede tener a un inspector en cada restaurante.
¿Tienen alguna otra iniciativa en cartera?
En España tenemos un problema de salud pública, y es que tenemos los índices de sobrepeso y obesidad infantil mas elevados de todo el continente, a niveles de Estados Unidos o México. El 40% de los niños españoles de entre 6 y 9 años tiene sobrepeso u obesidad. Es algo que afecta a su salud y a su desarrollo integral. El viernes pasado presentamos un plan con 200 medidas, y en nuestro caso impulsaremos un decreto que regule la publicidad de alimentos y bebidas altos en azúcares, grasas y sales dirigida a público infantil. Nuestro objetivo es que esos anuncios no puedan dirigir a los niños ni en el horario en el que supongan el 25% de la audiencia. Los menores no pueden ser objeto de publicidad de estos alimentos. Queremos que entre en vigor a finales de este año.
¿El sector está preparado para un cambio como ese?
A las empresas les pedimos un doble esfuerzo. Uno es que se elaboren cada vez con menos grasas o azúcar. El otro es que no dirijan la publicidad a los niños. La recepción de la industria alimentaria ha sido buena. Calculamos que en torno al 80% de los anuncios de este tipo que hoy se producen ya no podrán emitirse.
