La esperada coordinación entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico balear no ha funcionado de manera eficaz en este comienzo de semana.
Y es que si el pasado lunes el Govern balear autorizaba derivaciones de pacientes de la pública a la sanidad privada de las islas para atajar unas inabarcables listas de espera por una cantidad superior a los 27,8 millones de euros en el plazo de dos años, ayer el Ejecutivo central aprobaba en Consejo de Ministros la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una norma con la que el presidente Sánchez ha subrayado insistentemente que se «blindará» la sanidad pública de este país con, entre otras medidas, dando prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos y eliminando los copagos.
Habida cuenta de que informaciones publicadas a nivel nacional aseguraban que el texto del anteproyecto legislativo vetaba cualquier tipo de colaboración con centros y hospitales privados, ni siquiera para reducir las enormes listas de espera provocadas por el parón asistencial ocasionado por la pandemia de covid-19, este diario se puso en contacto con el Servei de Salut para contrastar el por qué de esta aparente contradicción. Y desde este organismo declinaron valorarla hasta disponer del anteproyecto legislativo y poder cotejarlo de forma directa.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó que el objeto de esta ley es «ampliar derechos y devolvérselos a a ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían restringido». La ministra defendió que los sistemas sanitarios públicos «son garantes de vida y actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro Estado de bienestar». Añadió que de «lo que se trata es seguir mejorando la vida de la gente y seguir protegiendo a los más vulnerables».
Esta norma, continuó, «blinda» el sistema público de salud de nuestro país identificando como modelo del SNS la gestión directa. Pretende controlar las derivaciones a hospitales privados y restringirlas solo a cuando sea necesario.
Así, si el Servei de Salut se sustentara en esta «necesidad» para justificar las derivaciones por un montante tan elevado como las aprobadas el pasado lunes, estaría admitiendo que con los recursos públicos disponibles no estaría en disposición de manejar correctamente las listas de espera. Como se recordará, para este ejercicio de 2022 la conselleria de Salud dispone del presupuesto más elevado de toda la historia de esta comunidad, 2.010 millones de euros. De ellos, 1.972 son manejados por el Servei de Salut para tareas asistenciales.
La ministra Darias continuó explicando que se entiende por gestión directa aquella que se presta por las propias administraciones públicas, por las entidades que constituya el sector público institucional, bien sea estatal, autonómico o local y con la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública.
Excepciones
La ley establece una serie de excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una «visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la gestión directa». Se detalló que los requisitos que han de cumplir las administraciones públicas en dichas excepciones son: Una utilización óptima de sus recursos sanitarios propios; la insuficiencia de medios propios para poder llevar a cabo la respuesta de los servicios que lo precisen o la necesidad de recurrir a fórmulas de gestión indirecta, se apuntó también de manera más ambigua.
El Consejo Interterritorial de Salud, órgano dónde se reúnen el ministerio de Sanidad con las diferentes conselleries de Salud autonómicas, será el encargado de determinar las pautas comunes bajo las que se entenderán como cumplidos los criterios señalados.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) en la que está integrada la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) emitió un duro comunicado en el que lamenta que esta norma convierte a España en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su SNS y recuerda que sin sus recursos, que absorbieron el 30% de las hospitalizaciones por covid, no hubiera sido posible hacer frente a esta pandemia.
