El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern, Josep Marí, ve «complicado» aplicar la propuesta que planteó Podem la semana pasada para restringir la venta de viviendas a quienes no hayan residido al menos dos años en Baleares.
En declaraciones a los medios tras una reunión en Palma con el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Marí recordó que aunque esta misma medida ya se planteó en otro momento en la Cámara autonómica, el Ejecutivo balear desconocía la intención de Podem de volver a ponerlo sobre la mesa.
En cualquier caso, el conseller aseguró que «con lo que se conoce inicialmente» sobre la iniciativa, su aplicación legal sería complicada porque supondría «modificar normativas que van más allá de esta comunidad y del Estado», e incluso afectaría a leyes europeas.
Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo valenciano y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, evitó valorar la propuesta alegando que está en la isla por una visita institucional: «La reunión con Josep Marí ha sido satisfactoria y eso es en lo que me quiero centrar», manifestó el responsable, que insistió en que la situación de Balears y la Comunidad Valenciana representan «circunstancias particulares de realidades objetivamente diferentes».
Sin embargo, la portavoz adjunta de Podem en el Parlament, Esperança Sans, insistió ayer en una rueda de prensa que la problemática de la vivienda en las islas es «insostenible» y que la especulación «discrimina» a los residentes porque dispara los precios.
Sans defendió que, de no poner un «remedio», Balears sufrirá «graves repercusiones sociales», de modo que exigió poner en marcha las propuestas del paquete de medidas que presentó la formación morada el pasado viernes, entre las que está restringir la compra a quienes lleven dos años empadronados.
«Las estadísticas indican que hay un gran porcentaje de viviendas de no residentes que están vacías la mayor parte del año o que se utilizan para especular», apuntó. Las propuestas de Podem también incluyen destinar todo el parque de vivienda de la Sareb y sus solares vacíos para construir y ofrecer pisos sociales a colectivos vulnerables.
También plantean declarar todos los territorios del archipiélago como zona tensionada, así como modificar la Ley de Vivienda balear para que se rebaje de diez a cinco el número de viviendas en propiedad para ser considerado gran tenedor. «Los precios estratosféricos están excluyendo del derecho a la vivienda ya no solo a las rentas más bajas sino a las rentas medias», subrayó Sans.
